La nueva Corte de Constitucionalidad (CC) juramentada en abril de este año inició su administración con comunicaciones blindadas. La dirección administrativa del máximo órgano, adjudicó el 29 de marzo  la compra de una licencia para encriptar toda comunicación de los magistrados titulares y suplentes: son 10 teléfonos que se protegieron de intervenciones mediante un sistema de seguridad digital.

La orden de compra especifica que: debe proteger la información de los dispositivos móviles, encriptar el aparato, debe contener un sistema de verificación del usuario del dispositivo, entre otros requerimientos.

Luis Pineda, analista político con especialidad en redes y tecnología:

Es una encriptación que permite que estos estén cerrados, se pueden generar una llaves privadas y públicas para que la información pueda tener uso exclusivo. Lo que va permitir es que cualquier dato que salga de este teléfono sea controlado desde los dispositivos primarios, muchas veces esto se usa para que cualquier intento de ser hackeados avise y genere un registro de las intenciones, quiénes intentaron entrar a los teléfonos y desde dónde. Este sistema es usado por altos funcionarios de Estado u organismos internacionales.

Difícil de Intervenir 

El especialista apunta a que intervenir un teléfono con este sistema implementado por la CC es muy complicado, aunque no imposible y con programas especializados, difíciles de conseguir y muy costosos. Señala también que:

Uno de los mayores clientes de este sistema de codificación son las policías, la policía de España lo usa mucho para que la información en las bases de datos esté segura y solo se pueda se puede tener acceso por claves certificadas.

Los registros de la CC no evidencian compras similares en el pasado. La CC pagó a la compañía DataNet Q87 mil 350 por este sistema. ConCriterio intentó contactar telefónicamente a exmagistrados de este organismo, pero no fue posible. Jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuestionaron la implementación de blindaje en las comunicaciones.

Pablo Xitumul, juez presidente del tribunal de mayor riesgo grupo C:

Eso es derrochar recursos, qué puede esconder uno. En mi caso tengo sospechas que han intervenido mi teléfono, ¿qué esconden?  somos funcionarios públicos y estamos ante el escrutinio de la población ¿a qué le temen?

María Eugenia Villaseñor, exmagistrada de la Corte de Apelaciones, es clara: hay intervenciones, pero cree que es parte de los riesgos de la profesión:

El problema que se tiene es que hay mucha intercesión abusiva. Y comenta que en su despacho identificaron mensajes sobre sus comunicaciones:  era desagradable saber que alguien más lo está escuchando; sin embargo, llega un momento en que es irrelevante porque lo que hago es público o no tenía comunicaciones sospechosas.

Impide investigaciones

Estos impartidores de justicia apuntan a algo más, Pablo Xitumul:

Eso significa que no se les puede investigar o por lo menos realizar pesquisas previas antes de un antejuicio.

Villaseñor: Pudiera ser que alguien tuviera una comunicación con alguien indebido y que no quieren que lo escuchen. Pero si yo tengo esas comunicaciones va en contra de la transparencia del funcionario.

En 2017 ConCriterio publicó un reportaje en el que muestra que delincuentes contrataron servicios digitales para evitar ser intervenidos.

Nota del editor 31-08-2021, 17.56 horas: por error se consignó que la actual magistratura contrató una licencia para proteger las comunicaciones, cuando lo correcto fue que la anterior administración inició los trámites y adjudicó el evento dos semanas antes de la llegada de los nuevos magistrados.