Esta es una columna a destiempo. Y no aborda, sino de otra manera, el tema que mantiene este fin de semana sobre la braza caliente a las elites del país. ¿Entrará mi candidato a magistrado al listado?

Es difícil prever qué clase de Cortes terminarán integradas por el esfuerzo conjunto de comisiones de postulación y diputados al Congreso. Es más probable que resulten unas Cortes más diversas de lo anticipado, fruto de la competencia del poder que existe entre quienes procuran garantizar impunidad a la corrupción de la última década y quienes con una confesa vocación democrática disputan esos espacios.

Pero ese tema resulta francamente secundario. Si acaso, servirá para formar aún más convicción en la sociedad.

Si usted observa con detenimiento en el país, ha venido creciendo de forma casi orgánica una corriente cada vez mayor adversa a los intereses de quienes quieren mantener las Cortes sujetas a su interés de no castigar el enriquecimiento a costa del Estado. El hito más importante de la existencia de esta corriente se manifestó el 25 de junio de 2023. Lo hizo de una manera tímida al principio (apenas el 11 por ciento de los votantes se decantó por una opción adversa a los saqueadores). Luego, lo hizo de una manera contundente.

El triunfo de Bernardo Arévalo y la victoria del partido Semilla en el área metropolitana de Guatemala fueron aplastantes porque hay rechazo general hacia los corruptos. Y lejos de disminuir, ese rechazo crece conforme pasa el tiempo. Las imágenes que muestran a trabajadores y estudiantes de la Universidad de San Carlos dirigiéndose en masa hacia la facultad de Humanidades para protestar contra la presencia del rector Walter Mazariegos, a quien consideran un usurpador, muestra la convicción de no pocos. Mazariegos es como la fiscal Consuelo Porras o los magistrados de la Corte Suprema o de la Corte de Constitucionalidad. Tienen el poder pero están atrincherados.  Y la reprobación de los ciudadanos hacia ellos es inmensa. Basta revisar los monitoreos “Gobernanza GT Check: percepción en redes de los poderes del Estado”  que la Asociación Doses realiza cada semana para descubrir que ese rechazo es sostenible o, en ocasiones, creciente. Las cortes y el Ministerio Público son las instituciones más rechazadas.

Es cierto que hay muchas personas frustradas e incluso enojadas con la falta de rendimiento del gobierno de Bernardo Arévalo para resolver asuntos de la vida diaria. El aeropuerto es hoy todavía una vergüenza. Las carreteras nacionales no han mejorado en nada. La salud pública sigue tan insuficiente como siempre. Pero los sentimientos de la población hacia el Ejecutivo son más bien neutros, según ese estudio. Y eso no ha fortalecido a los operadores políticos de la impunidad para la corrupción. Allan Rodríguez, Álvaro Arzú o Sandra Jovel no son hoy ni un ápice más populares que el 24 de junio del año pasado.

Los titiriteros lo saben. Por eso se empeñan en mantener el control de la justicia para impedir que el voto popular lleve al poder a quienes proponen cambios reales y de fondo para el país.

Y, en cambio, las organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones profesionales, ciudadanía en general se expresan en rechazo a la absolución de quienes fueron acusados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se manifiestan indignados ante la devolución de sus bienes incautados y el esfuerzo por hacernos creer que señalar a Manuel Baldizón, Alejandro Sinibaldi o a José Luis Benito fue producto de maquinaciones espurias, ideológicas y políticas.

Más temprano que tarde, el país va a iniciar el camino hacia la recuperación del Estado de Derecho por exigencia de la ciudadanía. Guatemala va a requerir una Comisión de la Verdad para evaluar la forma en que el Ministerio Público de Consuelo Porras y el Organismo Judicial en su conjunto desestimaron los casos de corrupción rampante. Ojalá se les haga responsables con su patrimonio de los altos costos generados a la Nación por exculpar a los ladrones y devolverles lo saqueado.

Que Consuelo Porras, los jueces y magistrados benefactores, así como quienes han patrocinado todo este esfuerzo por corromper a la justicia, enfrenten su responsabilidad por favorecer a quienes desvirtuaron a las instituciones del Estado.

La mayoría está del lado de un mejor sistema, que arranca con unas cortes probas.