El lunes el diario digital salvadoreño El Faro publicó una investigación que devela las declaraciones de un testigo que asegura que en 2019 el presidente Alejandro Giammattei recibió Q20 millones para financiar su campaña presidencial provenientes de sobornos de constructores. El testimonio, según el medio de comunicación, indica que los fondos fueron canalizados a través de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, procesado por lavado de dinero a raíz del hallazgo de Q122 millones en efectivo en una casa de Antigua Guatemala.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien el 23 de junio fue removido del cargo, señaló que dicha investigación era la razón de su despido:
El hallazgo de los Q122 millones vinculados a José Luis Benito (…) en este caso por virtud de la investigación se obtuvo una declaración de una persona cercana a la agrupación política oficial, que explicó la posible relación de ese dinero con el partido de gobierno. A raíz de eso se requirió una declaración testimonial del Secretario Privado de la Presidencia y desde ese entonces los ataques en mi contra y del personal de la FECI se incrementaron.
Han pasado siete meses desde aquella revelación y al despido del jefe le sigue una decena de desplazamientos de integrantes de esa unidad: suma una decena de movimientos a través de destituciones, cambios bajo motivos de ascensos y traslados de fiscales, auxiliares fiscales, además de técnicos.
- Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, destituido y en el exilio.
- Carlos Vides: ascendido a fiscal de sección puesto revocado posteriormente y asignado a la fiscalía de extorsiones.
- Hugo González: fiscal que logró la condena de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, renunció en diciembre de 2021.
- Carlos de León: fiscal trasladado a la Fiscalía de la Mujer
- Carla Valenzuela: sustituyó a Juan Francisco Sandoval, como jefa de la FECI, pero dos semanas después fue removida.
- Pablo Mazariegos: fiscal auxiliar asignado como agente fiscal en la Fiscalía Liquidadora.
- José Daniel Mejía: trasladado a la Fiscalía Municipal de Palencia.
- Rudy Herrera: a cargo del caso Comisiones Paralelas 2020, presentó su renuncia el mes pasado.
- Aliss Morán, auxiliar fiscal, quien presentó su renuncia en enero pasado.
- Andrei González, renunció en 2019 y debió salir del país, al igual que Sandoval.
La semana pasada fue capturada Leyli Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la exfiscal Siomara Sosa, con orden de captura, se puso a disposición por un caso que está bajo reserva.
Ayer en conferencia de prensa, el bloque legislativo Semilla anunció que envió cartas a la Relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que visiten Guatemala. Bernardo Arévalo, diputado:
“Para que en el marco de su mandato realicen una visita a Guatemala, para constatar los abusos, hostigamientos y persecución de que son objeto los operadores de justicia y abogados. Estamos en una situación en que la cooptación ya no solo sirve para procurar impunidad para los corruptos, sino para perseguir a cualquier persona que es un obstáculo a estas accione”.
En entrevista con ConCriterio, Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, respondió que:
Sandoval objeta el argumento de que promueven la figura del fiscal natural y señala que en la práctica los casos pasan a fiscales que desconocen la sustancia de los mismos:
Fue público hace unas semanas cómo la juez de Mayor Riesgo C llamó la atención por la debilidad de los planteamientos del MP en el caso Libramiento de Chimaltenango y si recordamos, los fiscales de ese caso fueron trasladados.
Protestas contra la corrupción
Álvaro Montenegro, integrante de Justicia Ya, una organización que da seguimiento al sistema de justicia:
Cada vez que hay algún fiscal que saca un caso importante o que compromete a algunas estructuras poderosas, son amedrentados y lo vimos no solo en la FECI, sino también en la Fiscalía de Derechos Humanos y son acciones ya sistemáticas, es parecido a lo que ha ocurrido a Nicaragua, para proteger a personas con poder.
Otros cambios, ocurrieron en la Fiscalía Contra la Corrupción cuando Estuardo Campo, investigaba el caso Insivumeh que involucra al diputado Jorge García Silva y Eduardo Pantaleón a cargo del caso del Instituto de la Víctima, una investigación que apuntó a un esquema de plazas fantasma en la institución.