Todo apunta a que el presidente Bernardo Arévalo decretará al final del año el aumento al salario mínimo más alto que haya visto el país en los últimos 20 años. Un incremento del diez por ciento. Muy por debajo de lo que solicitan los representantes sindicales en las comisiones paritarias del salario (alrededor del 40%) pero muy por encima de lo que sugiere la patronal (entre 1.5 y 3 % según el sector). Bernardo Arévalo se acercaría con esta decisión a la forma de actuar del único predecesor suyo que otorgó incrementos salariales considerables  (Alfonso Portillo, 11% en 2002 y 12 % en 2003). Portillo era un gobernante que fustigaba de manera constante al sector empresarial organizado y recriminaba en cuanto discurso político podía la escasa distribución de riqueza en el país. No por casualidad, una vez convertido en expresidente fue perseguido legalmente en un país donde la impunidad para los poderosos es la norma. Y claro, en un gobierno plagado de corrupción, a Portillo había causas para perseguirlo. Terminó siendo el soborno de Taiwán a los gobernantes, lo que le llevó a la cárcel en Estados Unidos.

Arévalo, en cambio, se muestra como un Presidente respetuoso e incluso dócil ante el sector privado. Comedido en sus comentarios respecto a la realidad económica del país (con el 60 por ciento de la población en pobreza),  ya en el poder se ha mostrado mucho menos dispuesto que en la campaña electoral a señalar las grandes contradicciones de un territorio rico en recursos con una elite que concentra grandes volúmenes de riqueza y una vasta mayoría que malcome.

Al presidente Arévalo no le harán falta datos para sustentar su decisión de incrementar el salario. Un reciente estudio de Oxfam, la entidad británica que investiga la desigualdad y las causas de la pobreza, refleja cómo en las actividades económicas más rentables del país el 80 por ciento de la riqueza creada queda en manos de los dueños de capital y cerca del 20 por ciento en las manos de los empleados. ¿Qué otra forma le queda al gobernante, con una modesta y mani atada bancada oficial, para incidir en la distribución de la riqueza si no es por medio del salario mínimo? Es una de las únicas decisiones que puede tomar el Presidente sin pedirle permiso a nadie y sin someterse a la oposición de una Corte de Constitucionalidad que le restringe cada vez que puede.

La expectativa es que el gobierno de Arévalo decrete a lo largo de los próximos cuatro años aumentos semejantes. Este supondría un cambio perceptible para un porcentaje relevante de población (alrededor del 17 por ciento es la población económica activa contratada formalmente) en un gobierno que generaba grandes expectativas, pero que ha supuesto para frustración de la mayoría más de lo mismo.

Pero para que el incremento salarial se viera verdaderamente reflejado, el gobierno de Bernardo Arévalo tendría que dar otros pasos significativos. Por ejemplo, incrementar de manera considerable la capacidad del Ministerio de Trabajo de verificar el pago de salario. En la actualidad, la capacidad de inspección de parte del Ministerio es muy escasa. Hay un inspector por cada 25 mil trabajadores formales en el país. Lo que es igual a nada.

Ahí hay una tarea añadida por cumplir para el gobierno de Arévalo. Construir la institucionalidad capaz de vigilar que las normas laborales, empezando por el pago del salario mínimo, se cumplan.