Era la 1 de la madrugada del pasado 31 de mayo cuando los pobladores de la aldea Cocales Chocón, en Livingston, Izabal, escucharon que una avioneta sobrevolaba el área. El ruido del motor no era normal, se apagaba y encendía, minutos después en medio del silencio se escuchó un estruendo. Al salir el sol descubrieron, entre los escombros quemados, dos cuerpos y 46 paquetes con cocaína.

El ministerio de la Defensa afirma que esa fue la última avioneta que ingresó al país con droga y que han pasado más de 100 días sin localizar alguna, un logro que el gobierno atribuye a los operativos entre el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC). Los expertos, sin embargo, aseguran que solo es un cambio de estrategia del narco.

Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa durante el gobierno de Óscar Berger (2004-08) especializado en temas de narcotráfico, asegura que los cárteles ahora utilizan las rutas terrestres o marítimas, pues Guatemala siempre será clave para el trasiego de drogas desde Colombia hacia México y Estados Unidos.

“Ellos tienen sus variantes, hay momentos que solo lo hacen por tierra porque hay problemas en el mar o en el aire, pierden sus aviones, se queman o se caen y porque por ahora no reciben ayuda de las poblaciones cuando bajan las avionetas, posiblemente por los operativos”.

El Ministerio de la Defensa cuenta desde 2016 con tres radares comprados a la empresa española Indra Sistemas a un costo de US$33.2 millones. La Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia ante el Ministerio Público bajo sospecha de irregularidades en el contrato, aunque no se concretaron cargos en contra de los involucrados en la compra.

Leiva asegura que los traficantes de drogas utilizan rutas terrestres por San Marcos y en el camino compran voluntades.

“Siempre lo hacen y siempre van a encontrar quien les acepte dinero para pasar, les pagan con dinero o con droga, depende de las autoridades o la gente que vayan a sobornar”.

Entre enero y el 31 de mayo de este año, el ministerio de la Defensa contó 13 narcoavionetas abandonadas. En 2020, fueron 38; y  54 en 2019. La mayoría son ubicadas en Retalhuleu, Izabal y Petén, algunas con droga y otras incineradas, entre modelos antiguos y más recientes de motores a propulsión o jets.

Este año han sido inhabilitadas 21 pistas clandestinas, algunas, según el ministerio de Defensa, se usan incluso para tres aterrizajes. aunque se desconoce con que frecuencia.

Julio Rivera Clavería, exministro de Gobernación, refiere que si bien el Ejército evitó el aterrizaje de aviones con droga mediante la ayuda de agencias internacionales como la DEA, los carteles no van a dejar de trasegar droga y solo buscan otros métodos.

“La población colabora con el narco para protegerlos, reciben dinero y ponen escudos humanos, especialmente en los lugares pegados a las fronteras por rutas terrestres”.

El 2 de septiembre de 2019 tres soldados que se dirigían a la aldea Semuy 2, El Estor, Izabal, donde aterrizó un avión con droga y según Defensa en su camino fueron ejecutados por los pobladores.Mediante una investigación del MP se determinó que Césasr Montes un exguerrillero dio la orden de ejecutarlos. 

Investigadores antinarcóticos de la PNC indican que los narcotraficantes  utilizan potreros, terrenos para cultivos  e incluso  caminos vecinales que conducen a las aldeas y caseríos para abrir nuevas pistas, en las cuales aterrizan durante la madrugada y sin luces, con la ayuda de los mismos pobladores a cambio de beneficios económicos o para la aldea.

Los expertos antinarcóticos refieren que los accidentes de las narcoavionetas como el ocurrido 31 de mayo en Izabal, se deben a que los pilotos no ubican la pista pues está poco iluminada por los pobladores o miembros de la organización criminal y la desesperación por entregar el cargamento y no ser detenidos los hace aventurarse para aterrizar en terrenos no preparados.

Según Defensa, hasta el 15 de septiembre han decomisado 5.5 toneladas de cocaína, en diferentes operativos. En 2020 fueron 11.9 y 11.6 en 2019.