La CICIG y el MP acusaron a los directivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab) –del cual el Estado de Guatemala es accionista– de concurrir en una serie de operaciones y sociedades para estafar a la entidad: giraron cheques en la aparente contratación de servicios externos, pero el dinero fue transferido a cuentas de empresas que, al final, estaban atadas a los funcionarios bancarios. Estos a su vez compraron 10 casas, propiedad del banco, a precios subvalorados.