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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dirigida por la excandidata presidencial Sandra Torres, busca mediante un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) que la Junta Directiva del Congreso programe interpelaciones de 14 ministros del gabinete del presidente Bernardo Arévalo.
Luis Contreras, presidente del Congreso, responde que si son legales, deben calendarizarse los interrogatorios. La fiscalización es potestad del parlamentario, pero la jurisprudencia señaló que este ejercicio no es absoluto ni debe paralizar al Estado.
¿Qué busca la UNE?
ConCriterio solicitó a comunicación social del bloque una entrevista, pero no respondieron. Miguel Ovalle, diputado electo por la UNE, ahora distanciado de la bancada: “desde mi punto de vista, Inés Castillo, que dirige la UNE, no ha sido bien visto por el partido de Gobierno; y SEMILLA no quiere tener acercamientos y pretenden excluir a la UNE en este segundo periodo legislativo. Lo voy a decir así: es una jugada técnica para generar presión y ser parte de las decisiones que correspondan tomar en esta nueva etapa.
El Ejecutivo respondió que aunque la interpelación es un ejercicio legítimo, su uso indiscriminado y sin fundamentos la desvirtúa y amenaza con obstaculizar el trabajo de los ministros. También “confía en que esa jurisprudencia se respete, y actuará únicamente si llegara a configurarse una agenda que efectivamente entorpezca el funcionamiento del Ejecutivo”.
Este reportero solicitó una entrevista a Victoria Palala, diputada oficialista, pero no respondió. La semana pasada en conferencia de prensa expresó: Guatemala necesita una oposición seria… no convirtiendo herramientas constitucionales en mecanismos de presión política o chantaje institucional…”
María del Carmen Aceña, exministra de Educación, a quién Óscar Berger ratificó en el cargo tras el voto de falta de confianza de una interpelación en el Congreso en 2006:
En una época las usaron para bloquear la agenda. Después la ponen para sacar rentas: porque quieren que les contraten gente o quieren que les pongan programas y si usted no cede, lo más posible que le den el voto de desconfianza aunque no sea real, como le pasó a dos ministros en Guatemala: una fui yo y el otro Celestino Tay Coyoy (1995) y fue por no darles plazas.
Aceña cree que el Ejecutivo debe actuar previo que la agenda en el Congreso sea aprobada: “Si yo fuera el Ejecutivo, yo negociaría con ellos antes de que presenten las cartas. Y conocer el objetivo de la interpelación, también puede ser que la población no esté de acuerdo”.
Si las interpelaciones se concretan, los ministros pueden pasar meses haciendo fila en el Congreso para enfrentar el juicio político de los diputados como ha pasado desde febrero de 2025 con Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social.
En 2025 la Alianza por un Congreso Eficiente reportó que se registraron 1,693 citaciones de funcionarios de gobierno a distintas bancadas o salas de trabajo.