El triunvirato en el poder, Bernardo Arévalo, Jonathan Menkos y Ana Glenda Tager, cierran el 2025 con un buen desempeño económico, eso es cierto, pero con un desgaste monumental y escasos logros que les aplauda el graderío.

Tager, la Secretaria Privada que hace las veces de Jefa de Gabinete o Jefa de Gobierno, mordió el polvo con la sustitución de Felix Alvarado como Ministro de Comunicaciones por el ministro Díaz Bobadilla. El cambio supuso un fracaso y ya se ha perdido irremediablemente un segundo año de gestión sin que los guatemaltecos perciban la menor mejora en la red vial. Todo lo contrario. A estas alturas, atribuirle la responsabilidad de la postración de las carreteras a las redes de corrupción o a la presión ejercida por el brazo legal de los corruptos, el Ministerio Público, ya resulta poco digerible para la opinión pública. Sobre todo porque no se ha hecho el menor esfuerzo por explicar las causas de la nulidad de los esfuerzos.

El buen rendimiento de la economía tiene que ver con el crecimiento de las remesas (increíble hasta qué punto el triunfo de Donald Trump ha supuesto una bendición para este gobierno) y también con el incremento de gasto público. Al menos, con el incremento proyectado.

Por esa razón, y porque el triunvirato decidió en su momento que era preferible buscar acuerdos con la oposición en el Congreso que tratar de ejercer poder a partir del apoyo popular en las calles, se han lanzado de nuevo a la generosa repartición de fondos públicos en el Presupuesto 2026.

Sólo así se explica que de pronto se haya incrementado en más de Q500 millones el monto asignado originalmente a Organizaciones no Gubernamentales en el Presupuesto. Y que se haya incluido alrededor de 51 entidades nuevas al listado de beneficiarios.

Con esa golosina para los diputados y con la asignación de Q6.3 millardos en fondos extraordinarios a los Consejos Departamentales de Desarrollo, el triunvirato en el poder confía en lograr gobernabilidad en 2026.

También tiene esperanza de empezar a reflejar un poco de obra en los departamentos. Eso no suena muy prometedor porque en 2025 esa obra nunca llegó a concretarse debido a que los proyectos formulados por las municipalidades son en su mayoría mediocres y difícilmente sostenibles. Pero el gobierno, en lugar de montar un esquema para dotarlos de calidad y agilizar el trámite de los avales, terminó proponiendo que se soslayen requisitos.

Mi presunción es que el triunvirato (o más bien Jonathan y Ana Glenda) confían en que esta inversión de fondos públicos será útil también para lograr el apoyo de la mayoría de diputados para designar a un magistrado democrático a la Corte de Constitucionalidad, para elegir bien a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (desechando la candidatura previsible de Consuelo Porras) y para elegir a un buen Contralor.

Esa podría no ser sólo una ilusión vana o un sueño de opio de los triunviros.

Pero para concretarlo se necesitaría un esfuerzo gerencial diligente para programar los desembolsos de esos fondos no sólo contra la evidencia del avance de las obras y los servicios ofrecidos, sino también contra el calendario de las elecciones en cuestión. Voto emitido, desembolso realizado.

Sin embargo, puestos a ser realistas, el triunvirato en el poder hasta hoy no nos ha mostrado capacidad gerencial para mayor cosa, como por ejemplo, poner en marcha la estructura operativa del Ministerio de Comunicaciones. Entonces ¿Cómo confiar en que van a cobrar esa capacidad para perseguir estos otros objetivos?

Será una cuestión de fe.

Empiece ya a rezar la novena o encienda la primera velita.