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El Congreso de la República autorizó al Ministerio de Comunicaciones a realizar labores de conservación vial en contratos vigentes, pero con inactividad comprobada. Según el artículo 146 del presupuesto 2026, la medida busca garantizar la transitabilidad y seguridad vial. Indica que la disposición es “excepcional” y faculta a las unidades ejecutoras a efectuar trabajos de mantenimiento rutinario, preventivo, correctivo o de emergencia en proyectos suspendidos o con inactividad de más de seis meses, siempre y cuando cumplan con:
- Actas donde conste el abandono.
- Informe donde se identifique riesgo vial.
- Dictamen técnico que recomiende la intervención.
- Dictamen de disponibilidad financiera.
- Opinión jurídica que respalde la viabilidad.
El artículo aclara que su aplicación no constituye modificación ni resolución del contrato original. Además, el Legislativo instruye a Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias por Q1.7 millardos del Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP) y trasladar Q1.5 millardos a la Unidad de Conservación Vial (COVIAL) y Q200 millones al Fondo Social de Solidaridad.
Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, señaló:
“Casi se duplica el presupuesto de COVIAL y, si no se usa bien el dinero, lo devuelven al FOVIP. Pueden usar el artículo 95 para la modalidad de contratación de forma extraordinaria —es casi directa—. Les dijimos: seamos prácticos y, si la infraestructura está colapsada, deberían estar levantando los términos de referencia y cotizaciones, firmando en enero y ejecutando en el verano para recapeo, recuperación de puentes y carreteras Centroamericanas. Muchos de esos proyectos están judicializados o abandonados, y se les dice: haga lo que tenga que hacer y levante la carretera que va para El Salvador, la que va para México, la que va para Xela, las Centroamericanas”.
Por segundo año consecutivo, el presupuesto incluye un artículo que ordena al Ministerio de Comunicaciones liderar un esfuerzo interinstitucional para dar seguimiento al Plan de Atención y Viabilización de Proyectos, cuyo objetivo es elaborar un inventario de rutas suspendidas por judicialización u otros factores, y buscar soluciones para resolver los impasses.
ConCriterio solicitó al ministerio los avances del 2025 de esta mesa técnica, pero no hubo respuesta. En marzo de este año, la institución trasladó un documento que reporta 86 obras suspendidas. No obstante, Estrada señala: “Tiene que completar ese plan porque hay 900 proyectos trabados en diferentes etapas: financiamiento, pagos, liquidación, continuidad y judicialización. Con el trabajo conjunto con el MICIVI surgen los artículos 146 y 147, que aclaran las capacidades que tiene el ministerio para proceder”.
Uno de los proyectos insignia asociados a corrupción es el abandono de la construcción a cuatro carriles de la ruta Cocales, Suchitepéquez–Tecún Umán, San Marcos. También se incluyen:
- La rehabilitación del puente Jubuco, en Los Amates, Izabal.
- La reposición de la carretera Santa Catarina Palopó–San Antonio Palopó, Sololá.
- El paso a desnivel en el kilómetro 158 de Mazatenango.
- La rehabilitación de la ruta nacional 05, aldea El Pajal, Campur, Alta Verapaz.
Entre muchos otros proyectos.
No solo es el desnivel de la Roosevelt: 86 proyectos están suspendidos
Aunque el decreto del presupuesto 2026 solo autoriza labores de conservación, mantenimiento o intervención en rutas prioritarias, también incluye medidas de protección para los funcionarios. Juan Carlos Rivera, secretario de la Junta Directiva del Congreso, indicó:
“ Se ha tratado de dejar un blindaje a los funcionarios para que no tengan problemas judiciales por las decisiones relacionadas con estas obras. La idea de estos artículos es fomentar la ejecución de la obra priorizada y ojalá se ejecute; con estos artículos se busca darles confianza para que tomen las decisiones administrativas correspondientes”.
La asignación presupuestaria vigente del Ministerio de Comunicaciones es de Q7.8 millardos, y hasta el pasado viernes la ejecución era del 52.2%. El presupuesto 2026 redujo Q834 millones a la cartera. La semana pasada se confirmó la renuncia de Miguel Díaz Bobadilla y asumió Norma Zea, la quinta ministra que ha tenido la institución en la actual administración.