Al llegar al Palacio Nacional, Bernardo Arévalo defendió frente a su propio equipo la decisión de no despedir a los cuadros contratados por su antecesor en el Estado. Desde amigos y parientes de diputados aliados hasta hijos de magistrados de las Cortes. Según él, muchas de estas personas se habían convertido ya en acervo de lo público. Habían cobrado capacidades y destrezas en su cargo y resultaba un desperdicio excluirlos de sus posiciones.

La explicación sonaba muy racional y sensata. Además, al abstenerse él y su partido de sustituir por cuadros propios a aquellos contratados por Alejandro Giammatei, expresaba que el nuevo gobierno no veía las plazas de la burocracia como parte del botín electoral. Algo muy distinto a la actitud de sus cinco predecesores.

El Presidente explicaba también —y con razón— que muchas destituciones de empleados públicos, hechas en entidades emplazadas judicialmente o sin llenar los insufribles requisitos, son luego declaradas ilegales por un juez de Trabajo, quien exige recontratar al empleado y pagar salarios caídos. Esto representa un gasto indecente de fondos públicos. Y es cierto.

Hasta ahí pues, todo muy bien.

Pero yo me temo que lo que el Presidente en realidad buscaba con esta decisión era no complicarse la vida ni un tantito. De otro modo, alguna acción coherente con la realidad tan negativa hubiera tomado.

Cuadros comprometidos con la corrupción, como muchos empleados de compras en las diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Salud o del Ministerio de Agricultura permanecieron en sus puestos. ¿Esto no ameritaba un esfuerzo de renovación de personal?

Cuadros ineficaces hasta el cansancio, decididamente en contra de cumplir con sus obligaciones, convierten a muchas instituciones en maquinarias pesadas e inútiles, incapaces de moverse hacia donde se necesita o concretar alguna iniciativa.

El Presidente no ha querido acometer una reforma del Estado, que suponga diseñar un auténtico sistema de servicio civil, con evaluaciones periódicas y oportunidad de capacitación para los trabajadores públicos. La burocracia guatemalteca se encuentra varada en un pantano. Desprestigiada y sin valoración pública.

Hay ministerios como el de Energía y Minas o como el de Ambiente y Recursos Naturales que históricamente han funcionado como oficinas o agencias en representación de los intereses de los inversionistas en esas áreas y no del interés nacional. Esos ministerios necesitarían desarrollar procesos de reclutamiento de expertos bien remunerados que hagan una gestión eficaz, técnica y profesional.
Bernardo Arévalo ha preferido guardar silencio al respecto y administrar malamente lo que existe.

Hasta cierta medida, eso explica las insuficiencias de su gestión, la incapacidad para emprender acción alguna de gran envergadura, sea en obra vial o en cualquier materia. A dos años del inicio de su gobierno, el Estado guatemalteco no ha variado casi en nada y tampoco hay una verbalización de los fenómenos que permita a la ciudadanía enterarse y tomar posición.

Estamos en las mismas. Pero con Bernardo.