Si Consuelo Porras llega a ser electa por la Corte Suprema de Justicia como magistrada suplente o titular a la Corte de Constitucionalidad, el Organismo Judicial enfrentará la mayor crisis de credibilidad de toda su historia. La actual Fiscal General es el personaje más tóxico en el país. Quien se acerca a ella se corroe. Que lo diga Estuardo Gálvez, el ex rector de la Universidad de San Carlos, si no.

Su liderazgo gremial mermó por hacer alianza con ella. Es la figura nacional más sancionada por el mundo democrático de todos los tiempos.

Porras es la persona que, a partir de una inmensa frustración por el reconocimiento obtenido por su antecesora en el cargo, utilizó por primera vez en 2019 el sistema penal como una herramienta para evitar resultados electorales que le parecían detestables. Por eso forzó primero la exclusión de Thelma Aldana de la contienda con base en denuncias espurias las cuales, ocho años después, no ha logrado sustentar. En 2023, borracha de poder y encendida en ira, no tuvo empacho en ir contra el sistema electoral completo para tratar de impedir la llegada al poder de un candidato que obtuvo el voto popular y al cual ella consideraba adverso. Todavía hoy envía a la cárcel a quienes se opusieron a esas intenciones suyas.

Es la Fiscal General que oculta ante el ciudadano su salario.

Consuelo Porras también podría ser favorecida por el Consejo Superior Universitario leal a Walter Mazariegos, el actual rector de la Universidad de San Carlos. Pero igualmente terminaría de convencer a la mayoría de la perversión que ha sufrido la universidad y podría precipitar el cambio ya urgente de su status legal privilegiado. Quizá eso sea lo mejor para la propia San Carlos.

La otra opción de la Fiscal de la corrupción para recubrirse de inmunidad consiste en buscar una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral. Pero aunque en la comisión postuladora haya suficientes votos dispuestos a protegerla, sería muy difícil que dos terceras partes del Congreso de la República se atrevieran a elegirla. Los diputados saben que alinearse con ella es demasiado caro para su futuro político y les pone en la mira de quienes van tras la Fiscal.

El sistema de impunidad para la corrupción se encuentra en un brete. Le debe toda su lealtad a Consuelo Porras (la misma deuda de gratitud que estableció antes con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez), pero sabe que cumplir con ese compromiso le resulta demasiado oneroso.

Más allá de que el nuevo Fiscal General quiera o no hacer avanzar de modo propio las investigaciones y los casos contra Consuelo Porras, el Ministerio Público conocerá al día siguiente de su salida del despacho una serie de denuncias que no podrán todas ser desoídas y desestimadas. Quien quiera que la suceda en el cargo habrá de asumir el costo de encubrirla a ella y a quienes a su alrededor decidieron actuar contra las instituciones democráticas y contra servidores del Estado por el único delito de perseguir a los corruptos.

A los magistrados de la Corte Suprema, a los vasallos de Walter Mazariegos y quizá a no pocos diputados puede resultarles un precio demasiado alto a pagar por retribuirle con gratitud a una aliada suya tan detestada por la mayoría del país. Pero el argumento de mayor peso contra esa decisión tendría que ser el deseo por un futuro democrático de la nación. Romper con la práctica autoritaria de usar el sistema penal para premiar a los corruptos y castigar a quienes les persiguen. Impedir que, quien nos devolvió a la vida política del siglo XIX, pueda causarle aún más daño a Guatemala.