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Denuncias de sobornos, cambios irregulares de residencia y antecedentes de conflictos electorales reavivan casos de acarreo de votantes a un año de las elecciones generales de 2027.
En 2015, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) señalaron que la trashumancia o “acarreo de votantes” provocó conflictos en las elecciones de 2007 y 2011. A través del acuerdo 1-2015, se impidió a los ciudadanos cambiar su domicilio electoral. Y en 2016, las reformas establecieron que para votar en un nuevo municipio, el ciudadano debe solicitar el cambio 1 año previo a la convocatoria de elecciones y acreditar que, por lo menos, lleva 6 meses residiendo en el lugar.
El jueves por la noche, a punto de vencer el plazo de cambio de residencia electoral, un trabajador del TSE señaló que la nuera de Blanca Mendoza, alcaldesa de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, trató de sobornarlos con Q46 mil para que cambiara de residencia electoral de Xulá a San Martín Zapotitlán, a unas 46 personas ausentes.
“Ella iba a firmar y poner su huella y es familiar de la alcaldesa”. El trabajador mostró en vídeo la foto de la persona y el número de teléfono desde donde provenían las órdenes. ConCriterio intentó comunicarse con la alcaldesa, pero no fue posible. Pero la funcionaria declaró a Prensa Libre que a su nuera le robaron el teléfono hace dos días.
En 2023 debieron repetirse las elecciones en 5 municipios debido a denuncias de acarreo de votantes. Y uno de estos fue San Martín Zapotitlán. Óscar Arau, vecino, denunció ese año en la televisión local, que unas 2 mil 400 personas de Quetzaltenango votaron por Blanca Mendoza de VAMOS.
“Uno de los simpatizantes de la señora vino a amedrentarnos con una pistola eléctrica. El pueblo lo que quiere es que elija el pueblo, ya no quiere a más acarreados, no quiere que elija gente de afuera”
En la repetición de elecciones, Mendoza ganó con 43% de los votos, para un tercer periodo. En noviembre de 2020, Rafael Curruchiche, entonces fiscal de Delitos Electorales, pidió investigar a la alcaldesa por promocionar obras con fines electorales.
ConCriterio preguntó a través de mensajería instantánea a la fiscal Lisbeth Pérez, de Delitos Electorales, sobre el caso de la alcaldesa, pero no respondió. Comunicación Social del MP tampoco contestó.
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El TSE aseguró que respaldan al trabajador denunciante y ofrecieron protección. La magistrada Blanca Alfaro, afirmó que entre 2019 y 2023 se documentaron 500 casos de acarreo de votantes, los cuales fueron inhabilitados y denunciados por perjurio.
José David Prado, exdelegado del Registro de Ciudadanos del Departamento de Guatemala: “Es un delito de perjurio porque ellos firman bajo juramento que residen en un lugar, pero la Inspección del TSE y la Fiscalía han encontrado que residen en otro. Ya teníamos 10 años que no se escuchaba de estos casos, pues a partir de 2016 se reguló”.
El exdelegado confirma que el engaño al sistema es visible el día de las votaciones: La gente conoce quiénes son de su municipio y quiénes no, ahí fue donde se desataron más focos de conflictividad electoral.
Donis Cornejo, exdelegado del TSE en Suchitepéquez, no especifica el año, pero recuerda que en Zunilito y San Gabriel se incrementó el padrón, así mismo: le planteamos al pleno que tenían que llenar una hoja de responsabilidad y verificar a través de un documento su dirección actual y se le puso traba a la trashumancia.
Una de las propuestas de este extrabajador del TSE y del sindicato:
Que el voto tenía que ser a través de la vecindad y no de la residencia, ¿por qué vas a venir a votar a Suchitépez, si tenés el DPI de Guatemala?

