El asunto de la beca “nieto-presidencial” ha suscitado comentarios dispersos, tibios y, en muchos casos, deliberadamente evasivos. Los hechos confirman una verdad incómoda: a este gobierno se le perdona todo. Esta indulgencia no es por méritos propios, sino de la incapacidad —o falta de voluntad— de un amplio sector social para reconocer lo ocurrido sin el filtro del sesgo ideológico o de la desilusión personal. Vivimos en una sociedad de moral selectiva, donde las corruptelas, siempre que sean «de los nuestros», se toleran, justifican, minimizan e invisibilizan, mientras que las del adversario político se engrandecen y condenan con furia inquisitorial.
A cualquier otra administración este episodio le habría estallado durante semanas, generando editoriales, interpelaciones y discursos inflamados sobre la ausencia de ética pública. En este caso, no; apenas un murmullo. Es una complacencia que no se explica por la legalidad del acto, sino por la afinidad ideológica hacia el beneficiario indirecto.
Partamos de una base poco cuestionable: todo gobierno u organización es libre de otorgar becas/ayudas a quien desee, y solo los ciudadanos de dichas naciones tienen derecho criticar el uso de sus impuestos. Hasta ahí, poco que objetar. Sin embargo, una cosa es la legalidad formal y otra, muy distinta, la responsabilidad ética de quienes ocupan posiciones de relevancia política y social.
Resulta evidente que quienes detentan el poder público no deberían aceptar beneficios, directos o indirectos, para sí o para su entorno familiar, a fin de evitar la más mínima sospecha de un intercambio de favores. No importa si el mandatario asevera que no se deja influir por donaciones o gestos de cortesía. Puede que sea cierto, pero el problema no radica en su autopercepción, sino en los mecanismos de prevención que el sistema debe implementar. Si un funcionario devolviera favores, nadie esperaría que lo confesara; esa es, precisamente, la razón de fondo por la cual no se deben aceptar tales privilegios mientras se ostenta un cargo público, y se suele considerar delito.
De ahí nacen las leyes que limitan la participación de familiares en entornos de poder. No porque se asuma que todos son corruptos, sino porque el poder sin límites éticos tiende a la degradación, al abuso, al autoritarismo. La prevención no es una acusación: es una medida de higiene institucional.
La ética no admite fisuras ni interpretaciones creativas. Se es ético, o no se es; no existen las «medias tintas morales» y el relativismo que hoy se ofrece como pragmatismo. No obstante, esta sociedad ha optado por normalizar comportamientos cuestionables siempre que favorezcan a aliados ideológicos.
No seamos ingenuos: en un país donde los cargos se otorgan por clientelismo, resulta cínico escandalizarse cuando los familiares del presidente acceden a beneficios inalcanzables para el ciudadano común. Es la lógica del sistema llevada a su conclusión natural.
Más aún, esta práctica no es una anomalía local, sino una constante en los países donantes. La mayoría de ellos otorgan becas a políticos en desgracia, periodistas influyentes, alcaldes y académicos prominentes; una lista de beneficiarios que, sin quedar formalmente comprometidos, entran en una relación tácita de deferencia. Nadie exige lealtad explícita, pero sí algo mucho más sutil: silencio, moderación o, al menos, la ausencia de confrontación futura.
Este es el soft power de la cooperación internacional: un mecanismo elegante, discreto y profundamente político que durante décadas se ha presentado —falsamente— como ayuda desinteresada. En política, conviene recordarlo, no hay amigos, sino intereses. Fingir lo contrario no nos hace más virtuosos, solo más hipócritas y complices.