Escuche la nota aquí:
El gobierno de Bernardo Arévalo debe enfrentar a los pilotos del transporte colectivo y de carga que anuncian paros y suspensión de servicio pues pone en marcha una norma, congelada durante administraciones pasadas, que obliga a instalar limitadores de velocidad en el transporte colectivo y de 3.5 toneladas.
El 27 de enero la administración, mediante acuerdo ministerial, acordó multas graduales por incumplir:
- 5 salarios mínimos a partir de la entrada en vigencia
- 7 salarios a los seis meses
- 10 salarios a partir de un año.
La norma incluye la cancelación de licencias. La medida cobrará vigencia en marzo, pero ayer los transportistas se reunieron con Luis Contreras, presidente del Congreso y ponente de la ley en 2016, y le solicitaron intervenir con el presidente Arévalo para extender la implementación seis meses.
ConCriterio consultó al Ejecutivo, pero no hubo respuesta. La Dirección General de Transporte (DGT) y la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) acordaron atender una entrevista, pero no sucedió.
Fernando Suriano, viceministro de Transportes, en conferencia de prensa el mes pasado dijo: una de las formas para poder incidir en el control en carretera es la velocidad y solo son 300 buses los que tienen este sistema. Hay más de 100 empresas privadas con las que pueden acordar qué dispositivo poner, el no contar con limitador de velocidad sí puede llevar a cancelar licencias, porque si la parte privada no toma acciones, nosotros como Ejecutivo tenemos que ser contundentes.
En los últimos 14 años el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET) documentó 95 mil 738 hechos de tránsito, un promedio anual de 6 mil 838, un 4% ocurre con buses o microbuses. En ese tiempo se cobró la vida de 24 mil 600 personas.
Limitadores de velocidad
Gamaliel Chin, representante de Asociación Gremial de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), con unas 3 mil de 21 mil unidades en el país:
“No creemos que un limitador de velocidad vaya corregir el comportamiento del trabajador”.
También admite que el sistema puede ser burlado y aunque asegura que no se oponen, su apuesta es otra:
“Los sistemas de GPS guardan toda la información del comportamiento del recorrido en un día, meses y años y esto nos da un récord de la actitud de cualquier trabajador. Un sistema de limitación no le va a informar cómo se comportó, solo impidió que pudiera acelerar, aunque esto pudiera significar que ponga su palanca de velocidad en neutro y la unidad se va a desplazar a más velocidad de la que estaría limitada. Le apostamos más al control de flota por GPS, que el Estado pudiera monitorear porque habría fuente de información exacto”.
El limitador de velocidad los obliga a ir bajo 80k/h. Chin advierte:
“Si nos exigen el 2 de marzo y no estamos listos, es más barato no salir a trabajar que salirnos a exponer por una sanción por incapacidad de instalación de los equipos. Si tengo una flota de 10 unidades y se van a indisponer a razón de Q20 mil cada una ya son Q200 mil.
Este empresario estima que instalar el limitador de velocidad ronda en USD75 por unidad. Pero se quejan del tiempo:
Se publicó el 26 de enero y quieren que el 2 de marzo esté listo para que se pueda cumplir, pero si no hacemos pasteles, hacemos transporte y quieren equipos que no hay en Guatemala.