Desde que la administración Trump decidió desmantelar USAID tal como la conocíamos y trasladar el control de la cooperación al Departamento de Estado, el apocalipsis anunciado simplemente no llegó. Hubo protestas, comunicados alarmistas y artículos que auguraban el colapso de proyectos “esenciales”. Sin embargo, una vez que el ruido se disipó, no ocurrió gran cosa. El caos prometido resultó ser, más bien, el pánico de quienes vivían de esos fondos haciendo política bajo el disfraz de ayuda humanitaria.
Hay que decirlo sin rodeos: alrededor de la cooperación internacional se ha construido, durante décadas, un ecosistema profesional que depende estructuralmente de que el problema nunca se resuelva. Conozco a personas que, de pronto, se quedaron sin lo único que habían hecho en su vida adulta: administrar fondos externos, redactar proyectos, justificar gastos y multiplicar informes. No producían riqueza; gestionaban dinero ajeno. Y cuando ese flujo se cortó, el drama fue personal, no nacional.
Por estos rumbos, el supuesto impacto devastador no se tradujo en más pobreza ni en un deterioro de los indicadores sociales. Lo que sí se notó fue el silencio: disminuyeron las manifestaciones recurrentes, las campañas mediáticas y esa constelación de “istas” —indigenistas, ambientalistas, feministas y demás— cuya presencia parecía estar siempre sincronizada con el calendario de desembolsos. Muchos, presentados como activistas espontáneos, eran en realidad beneficiarios de nóminas sostenidas por terceros.
Es hora de entender la cooperación por lo que es: una herramienta de poder blando. Los países que pueden permitírselo —y cuyos ciudadanos toleran que sus impuestos financien agendas externas— utilizan la ayuda como instrumento de influencia. No es filantropía pura; es política exterior con otros medios. Se apoyan actores, se moldean narrativas y se incide, a veces sutil y otras descaradamente, en el rumbo institucional de los países receptores. Una suerte de moderna injerencia y de sutil intervencionismo
El problema no es la existencia de la cooperación, sino cómo se administra y a quién beneficia realmente. Está documentado que entre un 15% y un 20% de los fondos se esfuma en cada uno de los escalones intermedios: consultorías, salarios, viáticos, evaluaciones y estructuras operativas. Ese porcentaje, multiplicado por miles de millones, crea un escenario muy lucrativo y de nula exigencia productiva. El dinero se atomiza en microproyectos mientras se fabrican informes voluminosos donde los éxitos se inflan y los fracasos se maquillan.
Rara vez veremos a una ONG declarar que, como ya cumplió su misión, cerrará sus puertas. Lo habitual es lo contrario: el problema persiste, el proyecto se renueva, el presupuesto sube y la estructura crece. Si la pobreza desapareciera o la conflictividad se resolviera, el engranaje perdería su razón de ser. El incentivo, por tanto, no es solucionar el problema, sino gestionarlo indefinidamente.
El caso de USAID es un experimento interesante, pero a muchos no les conviene abrir esa caja de Pandora. Podría revelar que infinidad de proyectos fueron ineficientes, redundantes o inútiles; que generaron dependencia en lugar de autonomía y que financiaron ideologías antes que soluciones reales. Algo parecido a esas inservibles tesis universitarias que se empolvan en un archivo.
Nada de esto busca negar que existan iniciativas valiosas o personas honestas en el sistema; sería injusto generalizar. Pero sí obliga a cuestionar un modelo que ha convertido la ayuda en industria, la carencia en un nicho profesional y la cooperación en una plataforma política.
Aquí el Congreso autorizó para este 2026 más de Q2.3 millardos para ONG: un 27% más de dinero que el año pasado y un aumento del 47% en el número de entidades beneficiadas. Se ve que entienden el modelo de negocio, interdependencia y favoritismo.