Es de felicitar a quienes, a estas alturas y después de tantos años de evidencia acumulada, descubren que las comisiones de postulación no funcionan. No es poca cosa reconocerlo, aunque lleguen tarde. Quizá, con el mismo ritmo parsimonioso, dentro de un par de lustros comiencen también a preguntarse si el problema no es solo el mecanismo, sino el sistema que lo sostiene. Ese tardío despertar es parte del problema: mientras se reflexiona con prudencia, el país se desliza hacia los últimos lugares en casi todos los indicadores.
No conozco otro lugar en donde un colegio profesional como el de abogados, que no representa más que a una mínima fracción corporativa, tenga la potestad de designar a una quinta parte del tribunal constitucional. Tampoco es común que una universidad estatal monopólica designe otro quinto. Y, sin embargo, la Universidad de San Carlos de Guatemala lo hace. Son cuotas de poder blindadas por la Constitución y sostenidas no en la representación ciudadana, sino en una lógica corporativa. Se las reviste de participación democrática, pero responden a una arquitectura que concentra poder en grupos cerrados. Es autoritarismo de baja intensidad con discurso pluralista y democrático.
Pero el fenómeno no es accidental, sino estructural. Y también se observa en la elección del rector de la USAC. Allí no compiten proyectos académicos, no se contrastan trayectorias intelectuales, ni mucho menos se discuten estándares de calidad. Compiten redes y grupos organizados de estudiantes, docentes y egresados que disputan el control del voto concurrente. La lógica no es académica, sino clientelar: se trata de movilizar más delegados, asegurar más compromisos, y prometer más cuotas futuras. La universidad estatal permanece atrapada en una lucha intestina por el poder delegado por la Constitución. Poco se habla de excelencia académica, de infraestructura, de investigación, de actualización tecnológica o de exigencia curricular. Algunos dirigentes estudiantiles llevan años matriculados sin concluir programas; el carné universitario se convierte en credencial política más que en compromiso formativo. La captura institucional se normaliza y se justifica en nombre de la “autonomía”.
Las universidades privadas tampoco escapan a esa lógica. La Constitución las obliga a participar en procesos que muchas preferirían evitar. Algunas han intentado mantenerse al margen; otras fueron creadas precisamente para influir políticamente y actúan en consecuencia. El resultado es un ecosistema donde la educación superior deja de ser espacio de conocimiento para convertirse en plataforma de incidencia.
El poder judicial, por su parte, se contamina con los mismos pactos. Operadores conocidos negocian apoyos, intercambian favores, rentabilizan influencias, y las redes sustituyen a los principios. No es un algo anecdótico sino un patrón repetido: mafias togadas que sobreviven a los cambios de gobierno porque entienden la lógica del sistema. No importa quién gane; lo relevante es cómo se reposicionan.
Y aquí aparece el rasgo más inquietante: la manipulación interesada de las normas según la conveniencia del momento. Recordemos cuando se reformó la ley del Ministerio Público para impedir la destitución de Thelma Aldana. Hace poco, el presidente y el Movimiento Semilla impulsaron modificar esa misma norma porque impedía cesar a la actual fiscal general. Hoy, a pocos meses de que corresponda designar sustituto, la urgencia reformista se diluye. Lo que ayer era una aberración jurídica hoy es garantía institucional; lo que ayer era defensa del Estado de derecho hoy es obstáculo político.
No hay aquí una teoría coherente de la institucionalidad. Hay cálculo. No hay defensa de principios, sino administración de ventajas. La ley no se concibe como límite al poder, sino como herramienta adaptable al interés coyuntural. Esa es la verdadera enfermedad: la instrumentalización sistemática del marco jurídico.
El sistema funciona como un equilibrio inestable de facciones. Quien pierde denuncia su perversión; quien gana lo legitima con solemnidad. Se alternan en la queja y en la justificación, pero ninguno cuestiona la arquitectura que les permite jugar. Es un carrusel de indignaciones selectivas, de locura colectiva.