Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán han tenido un efecto inmediato y previsible: problemas con el flujo mundial de combustibles. El tránsito por el Estrecho de Ormuz, se vuelve más complejo cuando la región entra en una dinámica de confrontación. A ello se suma el incremento de las pólizas de seguros para los buques que navegan por la zona. Resultado: el precio del combustible sube.
Y cuando el precio sube, los ciudadanos protestan. No importa el país ni el sistema político: el malestar se manifiesta con rapidez cuando el incremento se refleja en la factura de gasolina o en el precio del transporte. Se exige entonces al gobierno de turno que “haga algo”: reducir impuestos, subsidiar combustibles o presionar para que termine el conflicto. En suma, que el costo desaparezca. Hasta aquí todo parecería razonable. A nadie le gusta pagar más.
El problema surge cuando esa reacción se contrasta con el discurso moral que domina buena parte del debate público contemporáneo. Porque los mismos ciudadanos que exigen combustible barato suelen proclamarse defensores fervientes de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. Y, sin embargo, cuando esos principios tienen consecuencias económicas, la convicción suele evaporarse con sorprendente rapidez.
Si consulta cualquier resumen histórico sobre el régimen instaurado tras la Revolución Islámica de 1979, encontrará preocupantes cifras. Desde entonces, ha sido señalado por ejecuciones masivas de disidentes, represión sistemática de protestas y miles de víctimas en campañas de persecución política. A esa contabilidad habría que sumar las víctimas acumuladas durante décadas bajo los regímenes de Venezuela y Cuba, cada uno con su propio historial de represión política, encarcelamientos y restricciones a libertades. Es decir, hablamos de regímenes cuya permanencia tiene consecuencias humanas reales y medibles.
Y ahí aparece la paradoja moral. Porque cuando la presión internacional, los conflictos geopolíticos o las sanciones alteran el mercado energético y provocan un aumento del combustible, el debate público se transforma. De pronto, el problema ya no son las víctimas de esos regímenes ni la represión sistemática que padecen millones de personas. El problema es que llenar el tanque cuesta unos centavos más. La preocupación por los derechos humanos, tan vehemente en las redes sociales y en manifiestos diversos, parece tener un límite muy concreto: el bolsillo propio.
No es una contradicción menor. Es una forma de hipocresía perfectamente funcional. Se proclama la defensa de principios universales —libertad, democracia, dignidad humana— siempre y cuando esos principios no impliquen costos personales inmediatos. En el momento en que el sacrificio deja de ser retórico y pasa a ser económico, la jerarquía moral cambia súbitamente: el centavo recupera su supremacía sobre la vida humana.
Algo parecido ocurría en aquella vieja anécdota sobre el comunista convencido que explicaba con entusiasmo que en su sistema “todo era de todos”. La teoría sonaba magnífica hasta que alguien intentaba llevarse su motocicleta. Entonces aparecía la aclaración inevitable: todo era de todos, sí… excepto la moto, que era suya.
Con los derechos humanos sucede algo similar. Se defienden con fervor siempre que los pague otro. Se invocan con solemnidad mientras el costo se distribuye de manera abstracta entre gobiernos, empresas o contribuyentes lejanos. Pero cuando la factura llega directamente al surtidor de gasolina, la indignación moral se vuelve súbitamente pragmática.
El mundo, parecen sugerir muchos de estos indignados selectivos, debe salvarse —sin duda—, pero a condición de que la cuenta la paguen otros. Porque los principios universales son muy valiosos siempre que no se cobren por litro o galón.
Fue la madre Teresa de Calcula quien dijo aquello de “hay que dar hasta que duela”.