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El Congreso de la República ha conocido una docena de iniciativas de ley relacionadas con los derechos humanos y la regulación del abuso de la prisión preventiva en tres décadas. La última vez que la Comisión de Reformas al Sector Justicia discutió el tema fue en 2025. Pero por años los legisladores no llegan a un acuerdo para solucionar el problema que mantiene hacinadas en 300% las prisiones.
Hoy hay 23 mil 964 prisioneros, 31.8% en prisión preventiva.
En circular del 14 de abril, la Cámara Penal instruyó a los jueces: “…en lo que respecta a la aplicación de la prisión preventiva (…) verifiquen obligadamente la concurrencia, procedencia y continuidad de los presupuestos materiales y formales para su imposición o continuidad”.
Los magistrados señalan que la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla y deben evitar la pena anticipada y observan que la carga laboral de los juzgados no es motivo para justificar la restricción de la libertad de las personas sindicadas.
ConCriterio intentó hablar con Gustavo Morales, presidente de la Cámara Penal, pero no fue posible.
Ronald Portillo, diputado de VAMOS, nos dice que René Girón, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y otro de los firmantes de la circular, expuso ante la Comisión de Reformas al Sector Justicia:
Él iba orientado más en poder dar doctrina legal o jurisprudencia por parte de la Cámara Penal, parte de lo que manifestaba el magistrado era resolver situaciones de este tipo, porque hay casos que se han vuelto unipersonales, que no era la naturaleza del proceso penal, entonces esto evita que haya una sentencia colegiada.
El Código Procesal Penal norma que “libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso”
Guatemala aprobó otros mecanismos para favorecer casa por cárcel: en 2023 implementó el control telemático, 7 años después de aprobada la ley. Esto permite al reo pagar el derecho a una tobillera con GPS para dejar la cárcel, pero menos del 10% de los dispositivos están autorizados.
Solo la pandemia del Covid-19 pudo desfogar las prisiones: los jueces concedieron prisión domiciliaria a 10 mil prisioneros. En Guatemala, existen casos cuyos sindicados han superado los 10 años en prisión preventiva.
Un récord para el sistema: una década en prisión “preventiva”
Andrea Reyes, diputada de Semilla, facción Raíces, e integrante de la mesa de Reformas al Sector Justicia:
Primero hay que entender que tenemos un problema sistémico que viene desde la propia aplicación de la ley sobre la prisión preventiva; segundo, los altos niveles de delincuencia, que suben y bajan durante los últimos años, limita la posibilidad política de restringir el uso de la prisión preventiva como mecanismo de evitar la violencia en las calles. Y por otro lado también hace falta institucionalidad que permita darles cierta seguridad a los juzgadores para poder decidir sobre la prisión preventiva.
La revisión de las medidas que ordena la Cámara Penal también aplica a los juzgados que conocen justicia penal juvenil. Los magistrados señalan que coordinarán las acciones pertinentes con las unidades de Monitoreo y Evaluación, para apoyar en el cumplimiento de lo instruido a través de la circular.
Solo la pandemia pudo vaciar las cárceles: 10 mil prisioneros cambiaron el penal por el domicilio