Cuando escribo esta columna la Comisión Postuladora aún no vuelve a reunirse para revisar la calificación de los aspirantes a Fiscal General que han desempeñado el papel de jueces. Es un sin sentido, pero quienes han sido jueces serán penalizados en su calificación por el hecho de haber impartido justicia. La nueva mayoría integrada en la Corte de Constitucionalidad los considera ineptos para ser Fiscal.

La resolución sin embargo ya no busca excluir al actual ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, de la carrera por la Fiscalía. Busca mediante una nueva votación excluir a dos aspirantes como Gabriel García Luna y Zoila Tatiana Morales de la nómina de candidatos a enviarle al Presidente. Los consideran peligrosamente independientes respecto a sus intereses. O busca, a juzgar por la actuación de la Fundación del Terrorismo, empantanar el proceso para garantizar la permanencia al frente del Ministerio Público de un subalterno de Consuelo Porras después del 17 de mayo.

Quienes gobiernan desde la dictadura judicial, desde la mayoría parlamentaria en el Congreso y desde la Corte de Constitucionalidad quieren asegurarse que el Presidente sólo tenga opciones semejantes a la fiscal Porras, procuradora mayor de la impunidad para la corrupción, entre los cuales elegir.

El presidente Arévalo, que decidió mostrar mansedumbre ante los enemigos de la democracia, en un intento fallido por persuadirlos, se verá formalmente compelido a nombrar al encargado de cercenarle la cabeza a las aspiraciones democráticas del país por los futuros cuatro años. Ese será su legado.

Y así, es improbable que el régimen constituido permita a alguien adverso a sus intereses concursar en las futuras elecciones. Han aprendido la lección, aunque con Bernardo Arévalo la vida se les haya hecho tan fácil.

En un error político semejante al que cometieron los líderes europeos que intentaron conciliar con Hitler antes de la segunda guerra mundial, el Presidente le ha dado legitimidad y reconocimiento a la dictadura judicial en lugar de combatirla, oponérsele y procurar su derrota.

Ha desistido, pese a su control sobre las fuerzas de seguridad, de convocar a la población a exigir lo que le pertenece: justicia y no perdón y premio para la corruptos. En Nicaragua y Venezuela (en Irán también) se ha repelido a fuerza de balas a los ciudadanos que exigen democracia. En caso que una opción autoritaria suceda a Arévalo en el poder, no habrá opción de protestar sin ser reprimido.

Porque la presión que se concentra en contra de quienes prometen cárcel o exilio a los opositores del fraude y el abuso de fondos públicos, seguirá en aumento hasta estallar.

Con la corrupción como Norte, simplemente no hay manera que las instituciones nacionales llamadas a resolver los problemas fundamentales (Salud, Educación, Comunicaciones, abastecimiento de agua y drenajes, transporte y Justicia) cumplan eficazmente con sus funciones. La prioridad es siempre enriquecer a quienes ocupan los cargos.

Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y la magistrada Julia Marisol Rivera han servido bien a sus amos. El fraude en la Universidad de San Carlos cuenta con una mayoría en la Corte para defenderlo.

Cabe hoy una pequeña posibilidad de que los comisionados postuladores, que han actuado con honor hasta el momento, mantengan sus votos en la repetición del proceso. Pero todos sabemos que serán objeto de grandes presiones y grandes amenazas de no cumplir con las exigencias de quienes se han aliado para garantizar que Guatemala mantenga sudemocracia capturada.