Expac: 30 años de pagos a chorro abierto

El Congreso de Guatemala reaviva el debate sobre las indemnizaciones a los expatrulleros de Autodefensa Civil (PAC), con iniciativas que prometen nuevos pagos en un contexto marcado por tensiones políticas y señalamientos de ilegalidad. Mientras algunos diputados defienden una “deuda histórica”, analistas y expertos en derechos humanos advierten que estas propuestas contradicen la ley y responden más a intereses electorales.
Publicado el 29 Abr, 2026
Expac

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¿Quién da más para quedar mejor con los expatrulleros de Autodefensa Civil (Expac)? Hay diputados como Elmer Palencia, jefe de bloque de VALOR:  iniciativa que dispone aprobar ley Dignificación Histórica para los Exintegrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (Expac), con el apoyo de más de 40 diputados.

Luis Contreras, presidente del Congreso: “nosotros no le quedamos mal a nadie; después de la manifestación, yo me reuní con ellos y les dije: ‘tengo la autorización total para aprobar esta ley para que puedan cobrar todo el dinero que tenemos en presupuesto’.

Roberto Calderon de VAMOS: “Humillante que los pobres expatrulleros sigan mendigando algo que por derecho les corresponde”.

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La indemnización a los expatrulleros es una herencia desde el gobierno de Alfonso Portillo, quien en 2003 destinó los primeros Q430 millones para compensar a 230 mil expac; Óscar Berger, un  año más tarde, avaló el decreto en 2004 que destinó Q5 mil 241 a cada expatrullero; los siguientes gobiernos no cerraron el chorro y entregaron unos Q5 millardos. 

Los Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) sirvieron al Estado durante los años de la guerra y en 1996, los Acuerdos de Paz disolvieron este ejército paralelo, que luego se organizó y exigió compensación. En 30 años aparecen y desaparecen, pero vuelven a la palestra cerca de las elecciones.

Nery Rodenas, director de la Oficina del Arzobispado: Es una situación que ya debería quedar superada; el conflicto armado interno fue hace muchos años y ellos sirvieron al Estado de Guatemala y por ese tipo de vinculación, el Estado no debería de indemnizarlos. También hay un artículo constitucional en donde la prohibición es expresa, que el Estado no puede responsabilizarse por hechos durante el conflicto armado; diferente es cuando es a las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos.

Rodenas se refiere al artículo 155 Constitucional que señala que: “… ni los guatemaltecos, ni extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles.

Rodenas añade:  desde un inicio esto fue un error, lo que pasa es que estaban con la presión y querían simpatía. Fue un error porque ellos formaron parte de las acciones en las que el Estado cometió violaciones a los derechos humanos.

El director de la ODHA cree que el chorro se cierra al hacer valer el texto constitucional.

Hay censos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) que documentan 1.4 millones de patrulleros en 1984; hacia 1996, eran 270 mil. Las investigaciones estiman que el 17% de los Patrulleros Civiles fueron forzados a integrar el plan de seguridad del Ejército.

Larga vida a los exPAC y veteranos militares: tres décadas de pagos sin controles

Adrián Zapata, analista político y excomisionado presidencial de Desarrollo Rural:

Ya es una reivindicación sin sentido. Continuar con esa indemnización después de 30 años es como mantenerse en la dinámica del conflicto armado. Además, me parece que no es una movilización espontánea.

Rodenas los compara con otros grupos interesados:  puede tener cierta semejanza a lo que sucede con el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que constantemente hacen ciertas presiones y obviamente los políticos también reciben ciertos beneficios y apoyo.

Hay 3 iniciativas en el Congreso para ampliar el listado de expatrulleros beneficiarios con una indemnización de Q36 mil (Q1 mil mensuales por 3 años). Actualmente el ministerio de Desarrollo Social (MIDES) desembolsa Q800 millones anuales para pagar Q1 mil mensuales a unos 80 mil veteranos militares en el marco del Programa de Desarrollo Temporal Integral aprobado en 2022, durante la gestión del presidente Alejandro Giammattei.

 

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Henry Bin

Periodista