Entre a la página web del Tribunal Supremo Electoral y encontrará una cantidad generosa —casi festiva— de proyectos políticos en formación. Una especie de feria democrática anticipada, con nombres solemnes, logos diseñados con entusiasmo y promesas que todavía no han sido incumplidas porque aún no han tenido oportunidad de hacerlo.
De mantenerse esa tendencia, en 2027 el ciudadano podría enfrentarse a una treintena —o incluso más— de opciones políticas. Una abundancia que, en teoría, debería emocionar, porque habrá partidos para todos los gustos: conservadores de ocasión, progresistas de temporada, liberales con patrocinador, socialdemócratas de etiqueta, municipalistas de conveniencia, patriotas de selfie y agrupaciones cuyo principal programa de gobierno será conseguir financiamiento antes de que se cierre el grifo.
Y, por supuesto, siempre estará la opción del voto en blanco, ese gesto elegante mediante el cual el ciudadano dice: “Gracias, pero no quiero a ninguno de ustedes”. Algo así como entrar a un restaurante con treinta platos en el menú y descubrir que todos saben a lo mismo: aceite reutilizado, promesa vieja y financiamiento opaco, aunque la legislación esté en contra de la libertad de esa mayoría.
Durante años se habló de los partidos políticos como “vehículos electorales”. La expresión era bastante precisa: servían para llevar candidatos de un punto a otro, generalmente desde la irrelevancia hacia el Congreso, alguna alcaldía e incluso a la presidencia. Pero quizá el concepto ya quedó antiguo. En estos tiempos modernos, tecnológicos y supuestamente innovadores, sería más correcto hablar de Uber políticos.
Porque eso parecen ser muchas de estas organizaciones: plataformas disponibles para quien pague el trayecto. No importa demasiado el destino, la ruta ni la ideología. Lo importante es que alguien solicite el servicio, acuerde la tarifa y se suba al carro. Hoy pueden apoyar una iniciativa de ley, mañana bloquear una reforma y pasado mañana indignarse en conferencia de prensa. Todo dependerá del cliente, del precio y de la urgencia.
La vieja política al menos tenía el pudor de disfrazarse de doctrina. Ahora basta con una aplicación informal de intereses, una llamada, una reunión discreta y una promesa de apoyo mutuo. El partido pone el logo, los candidatos ponen la sonrisa y los financistas ponen lo demás. Así se construye esa nueva movilidad política: rápida, flexible, sin demasiadas preguntas y con tarifa variable según la coyuntura.
El problema no es que haya muchos partidos. En una democracia sana, la pluralidad es bienvenida, pero buena parte de esas supuestas opciones no representan ideas, sino negocios; no expresan corrientes ciudadanas, sino contratos de ocasión; no articulan proyectos nacionales, sino redes de intermediación. Bajo el barniz de la participación política se esconden estructuras listas para alquilarse al mejor postor.
Detrás de muchos de esos Uber políticos está el narcotráfico, el crimen organizado, las mafias locales y las redes de lavado de dinero, y siempre la corrupción. Actores que no necesitan ganar elecciones directamente porque pueden financiar a quienes las ganan. No necesitan aparecer en la papeleta si pueden manejar desde atrás, escondidos, ocultos, acechando.
Cuando hace falta: llaman, acuerdan, financian, exigen, piden favores legislativos, protección municipal, contratos públicos, silencio institucional o acceso a decisiones estratégicas. Y la plataforma política, siempre disponible, acepta el viaje. Al final, el ciudadano cree que está eligiendo entre partidos, cuando sólo está seleccionando entre distintas marcas de transporte para los mismos pasajeros de siempre.
Tenemos abundancia de siglas y escasez de representación; multiplicación de logos y anemia de principios; entusiasmo registral y pobreza institucional. Cada proceso electoral parece inaugurar una nueva vitrina, pero los productos son conocidos, las manos que pagan también y los intereses que cobran, aún más.