La Universidad de San Carlos de Guatemala nació con una misión clara: formar profesionales, generar conocimiento y servir al país. Sin embargo, hace tiempo que esa misión quedó relegada por una disputa permanente por cuotas de poder político y control institucional, además de hegemonía ideológica. La universidad estatal, que debería ser el principal espacio de pensamiento crítico y excelencia académica del país, se ha convertido en un escenario de confrontación política donde el estudiante ocupa un papel secundario.

La propia universidad ha documentado y sistematizado el enorme entramado de influencia institucional y política que posee. El documento “Mapa de Poder y Representaciones de la USAC ante cuerpos colegiados en el Status Quo de Guatemala”, expone cómo la USAC participa en decenas de espacios de decisión nacional, desde la Junta Monetaria hasta comisiones de postulación de magistrados, directorios de la SAT, el IGSS, el INE y consejos de desarrollo. El informe detalla presencia en la Corte de Constitucionalidad, comisiones de postulación para magistrados, la SAT, Junta Monetaria, Consejos de Desarrollo, el IGSS y múltiples órganos estatales. Esa enorme capacidad de incidencia, lejos de fortalecer la academia, es un incentivo perverso para disputar el control político de la institución.

El propio estudio reconoce que la universidad tiene una participación activa en “las esferas de dirección del sector público” y que sus representantes intervienen en decisiones económicas, jurídicas, políticas y administrativas del país. Incluso el documento incluye expresiones particularmente reveladoras como “Poderes Sombras y Petit Comités”, al describir la incidencia política de la institución.

La discusión no gira alrededor de cómo mejorar la calidad educativa, fortalecer la investigación o modernizar los programas académicos. El debate dominante se centra en quién controla las estructuras universitarias, quién administra los recursos, quién domina los órganos de decisión y quién conserva influencia sobre una institución que, por su tamaño, presupuesto y capacidad de representación, posee un peso político extraordinario -y único- dentro de Guatemala, America y el mundo.

Durante décadas, la USAC fue identificada como un bastión de pensamiento político de izquierda. Esa tradición tuvo un contexto histórico entendible en los años setenta y ochenta, cuando se vivían conflictos ideológicos marcados por dictaduras y guerrillas, pero ese discurso quedó detenido en el tiempo. Mientras el mundo evolucionó hacia debates sobre innovación, tecnología, inteligencia artificial, competitividad y modernización educativa, amplios sectores universitarios permanecieron atrapados en narrativas ideológicas heredadas de otra época y en una lucha a cualquier precio por el control.

La degradación institucional responde a la consolidación de grupos que entendieron la universidad como plataforma de influencia y negociación. Las elecciones universitarias, las alianzas gremiales, los operadores políticos y las disputas entre facultades y colegios profesionales absorbieron progresivamente el protagonismo institucional. Mientras tanto, el estudiante quedó relegado, la infraestructura deteriorada, los procesos burocráticos lentos, baja producción científica, programas desactualizados, clasee virtuales y crisis recurrentes forman parte de la realidad.

La tragedia de fondo es que la USAC sigue siendo la única universidad pública del país -un monopolio-, condición reconocida expresamente en la Constitución. Precisamente por ello, su responsabilidad debería ser todavía mayor, porque miles de jóvenes dependen de ella como única oportunidad de acceder a educación superior.

La universidad pública debería ser el principal motor de movilidad social, investigación, innovación y pensamiento libre de Guatemala, y no un ring de disputa de poder, cuotas o luchas ideológicas interminables, propias de hace más de medio siglo.