Durante siglos la esclavitud fue una institución legal, hoy constituye uno de los crímenes más graves contra la dignidad humana. Sin embargo, no ha desaparecido, sino que ha adoptado formas más sofisticadas que, en ocasiones, se camuflan entre discursos políticos e incluso humanitarios. Una de ellas son las misiones médicas internacionales cubanas, denunciadas desde hace años por diferentes personas y organizaciones y que reúnen elementos propios del trabajo forzoso y de la explotación estatal.
La Convención sobre la Esclavitud de 1926, la Convención Suplementaria de 1956 y los convenios fundamentales de la OIT prohíben toda forma de trabajo bajo coerción, así como la apropiación del fruto del trabajo ajeno. El Protocolo de 2014 al Convenio 29 de la OIT refuerza la obligación de los Estados de prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas. No se trata de un debate ideológico, sino del cumplimiento de normas internacionales libremente asumidas por los Estados.
Las múltiples denuncias sobre las brigadas médicas cubanas describen restricciones para viajar con la familia, vigilancia permanente, control del pasaporte, amenazas contra quienes abandonan la misión y grandes dificultades para regresar a Cuba. A ello se añade que, según diversos informes, el Estado cubano retiene entre el 70 % y el 90 % de los pagos efectuados por los países receptores, de modo que el profesional recibe únicamente una parte del importe abonado por su trabajo.
No está en cuestión la capacidad profesional de los médicos cubanos. Ellos son las principales víctimas de un sistema que los convierte en una fuente de divisas para un régimen autoritario. Lo que debería ser un programa de cooperación sanitaria termina funcionando como un mecanismo de exportación de servicios en el que aquel que presta el trabajo es quien menos libertad tiene y es el menos favorecido.
A esta realidad se añade otro elemento inquietante: el uso político de estas misiones. Durante años, la dictadura cubana ha presentado este modelo como un ejemplo de solidaridad internacional, mientras obtiene importantes ingresos económicos y mantiene un férreo control sobre los profesionales desplazados. La cooperación internacional pierde su naturaleza cuando el beneficiario del trabajo no puede decidir libremente sobre su destino, su remuneración o su vida familiar. Las limitaciones impuestas a muchos de estos profesionales no afectan únicamente a sus condiciones laborales, también restringen derechos fundamentales como la libertad de circulación, la unidad familiar y la libre elección del trabajo. Cuando abandonar una misión implica perder el contacto con la familia, sufrir represalias o quedar excluido de regresar a su país durante años, resulta difícil sostener que existe un consentimiento plenamente libre.
Guatemala ha reforzado recientemente la prohibición del trabajo forzoso y de prácticas equiparables a la esclavitud. Esa decisión sólo tendrá pleno sentido si se aplica sin excepciones. La lucha contra la esclavitud moderna no puede depender de la nacionalidad de las víctimas ni de la ideología del gobierno que la practique.
Es muy preocupante el silencio de parte de organizaciones y medios de comunicación que abogan por los DD.HH., algunos de los cuales han preferido callar o relativizar los hechos con una firmeza muy distinta a la que muestran frente a abusos cometidos por gobiernos de otra orientación política. Los derechos humanos dejan de ser verdaderamente universales cuando su defensa depende de quién sea el responsable de vulnerarlos.
La esclavitud moderna no deja de ser esclavitud porque vista bata blanca, se presente como cooperación internacional o sea administrada por un Estado. Si la comunidad internacional condenó la esclavitud como una violación absoluta de la dignidad humana, no puede aceptar excepciones por razones ideológicas. La libertad de los médicos también forma parte de sus derechos, y ningún sistema sanitario puede considerarse legítimo cuando se sostiene sobre la falta de libertad de quienes lo hacen posible.