Al presidente Arévalo lo puso a temblar en su momento Consuelo Porras. No daba un paso hacia ningún lado sin asegurarse que el Ministerio Público de aquellos tiempos no tuviera razón para solicitar su antejuicio. Y así vivió por dos años y medio. Con el Jesús en la boca.

Consuelo Porras finalmente se fue, pero el miedo se quedó arraigado.

El Presidente ahora tiembla de pensar que Roberto Molina Barreto, el magistrado constitucional impuesto por el cabildeo empresarial en Washington, pueda conducir a sus magistradas concertadas para certificarle lo conducente. Esto es, para ordenarle al Ministerio Público de Gabriel García Luna promover que se le plantee un antejuicio y se reúnan en el Congreso los votos suficientes para desaforarlo y obligarlo a irse del país o terminar en la cárcel.

Ese miedo espantoso lo inmoviliza en muchos sentidos. Por ejemplo, frente al fraude consumado en la Universidad de San Carlos. El Presidente no está dispuesto a mover un dedo para frenar al déspota. Walter Mazariegos ha actuado a sus anchas para, con fondos públicos, convertir el campus universitario en su feudo personal. La Policía Nacional Civil le hace las veces, por orden de la Corte de Constitucionalidad y por la vocación de mansedumbre del gobernante, de guardián de sus garitas. Si el cuerpo paramilitar del Rector fraudulento señala como potenciales terroristas a líderes estudiantiles adversos a Mazariegos, la Policía de manera borreguil les obliga a identificarse.

Que al tirano de la U se le protege y se le respeta.

Mazariegos, como buen dictador de opereta, ha decidido vengarse de quienes han hecho campaña en su contra. Y ordena que se borren todos los registros de estos estudiantes para desaparecer sus años de estudios, sus calificaciones y su carrera. Sus subalternos se niegan a acudir al Congreso para responder alegando la autonomía de la Universidad y en el país pocos se inquietan. Los magistrados constitucionales que le son leales rinden la Constitución a su despotismo.

Mientras tanto el Presidente guarda silencio y acepta con docilidad que durante su periodo y a pocos kilómetros de su despacho se constituya con fondos públicos una especie de dictadura de poca monta.

La Corte de Constitucionalidad no sólo ha dejado de ser garante de los derechos básicos que la Constitución otorga a los ciudadanos sino que defiende lo opuesto de lo que la ley manda. El Ministerio Público se hace hasta hoy el desentendido frente a delitos flagrantes y habremos de ver si, en caso decidan iniciar acciones contra el fraude en la universidad y encuentran un juez que los ampare, la Policía se aviene a obedecer sus órdenes. ¿Acaso a todos se les contagia el miedo del Presidente?

En Guatemala legalidad se considera de mayor valor que la justicia. Porque las formas son más importantes que el respeto a la Constitución y a la democracia. Y en suma, porque el miedo es demasiado grande y pavoroso.