La historia contemporánea de América Latina deja al desnudo una dolorosa paradoja: las dictaduras no se sostienen únicamente por la fuerza de las armas, sino porque las democracias del mundo libre, por acción u omisión, lo permiten. Existe una macabra comodidad en el concierto internacional que observa el desmantelamiento de los sistemas repúblicanos bajo el cálculo mezquino de la diplomacia de pasillo, la acción ideológica o el cinismo geopolítico.
El caso más lacerante y cercano es el de Nicaragua, donde la tiranía familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha pulverizado todo vestigio de Estado de Derecho. Con una frialdad enfermiza, el régimen ha confiscado universidades, encarcelado a opositores, desterrado a sacerdotes y desnacionalizado a cientos de ciudadanos, convirtiendo al país en una gran cárcel a cielo abierto. Y, sin embargo, la respuesta global -del Vaticano incluida- se agota en comunicados estériles, demostrando que la dictadura nicaragüense subsiste porque el sistema interamericano y las potencias democráticas han optado por la tibieza y el conformismo de lo políticamente correcto, además de una sutil sumisión a China y Rusia.
Más al norte, Cuba desafía el paso del tiempo acumulando casi 70 años de un totalitarismo estéril que pulverizó el futuro y la dignidad de varias generaciones. Lo imperdonable no es solo la permanencia del régimen, sino la red de complicidades intelectuales y políticas que lo absuelve. Durante décadas, una legión de defensores de los derechos humanos de cafetín y burócratas de la comodidad democrática —que disfrutan de las libertades plenas en Occidente— se han dedicado a justificar la miseria cubana escudándose en el gastado latiguillo del embargo norteamericano. Atribuyen a un factor externo el colapso absoluto de un modelo planificado desde el dogma, absolviendo ciegamente a una élite militar que utiliza el bloqueo como coartada perfecta para reprimir, censurar y eternizarse en el poder mientras condena a su población a la penuria material y espiritual. Por no hablar de la moderna exclavitud de las “brigadas medicas”.
Por su parte, Venezuela ofrece el retrato más complejo de la hipocresía contemporánea. Tras los embates y la fallida o criticada injerencia de la política de presión norteamericana, el debate regional suele extraviarse en el falso dilema de condenar la intromisión extranjera mientras se blanquean los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde Miraflores. Se instrumentaliza el antiimperialismo de cartón para justificar el fraude electoral permanente, la persecución sistemática y el éxodo masivo más grande de la historia reciente del continente.
La raíz más profunda de esta tragedia radica en una profunda maldad moral y política: aquellos que desde la seguridad de una democracia consolidada alzan la voz para defender teóricamente los derechos humanos, a menudo lo hacen como un ejercicio de vanidad ideológica. Viven y disfrutan en sociedades donde el Estado de Derecho protege sus vidas y sus opiniones, pero justifican, relativizan o financian moralmente regímenes oprobiosos en nombre de revoluciones imaginarias.
Esta hipocresía global tiene víctimas de carne y hueso. No son abstracciones estadísticas: son los ciudadanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua que sufren una muerte civil, política y física cotidiana. Son los presos políticos torturados en celdas de aislamiento, los inhabilitados por pensar distinto, los jóvenes obligados a huir a pie por las carreteras del continente y los intelectuales silenciados en el exilio. Permitir que estas tiranías sigan operando bajo la complacencia global convierte a las democracias del mundo no en espectadores neutrales, sino en cómplices silenciosos de una masacre institucional que agoniza a fuego lento.