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La semana pasada dos jueces rechazaron emitir órdenes de captura contra Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, exfiscales de confianza de Consuelo Porras, exjefa del Ministerio Público (MP), ambos responsables de operar la criminalización, además señalados de generar impunidad en casos de corrupción.
Los hechos vuelven a poner bajo escrutinio el sistema de asignación de casos a los jueces. Aunque oficialmente la distribución funciona con un mecanismo aleatorio, la reiteración de que procesos sensibles caigan en las mismas manos abre la sospecha de que el sistema es manipulado. El caso de Curruchiche y Sánchez quedó en el juzgado del juez Fredy Orellana, quien justamente operó casos clave para el exfiscal Curruchiche.
Javier Monterroso, exsecretario del MP durante la administración de Claudia Paz y Paz, lo analiza desde dos ópticas: Los jueces de Diligencias Urgentes no están obligados a conocer las incidencias porque estos tienen otra naturaleza: más relacionada con casos de personas que han sido capturados de noche. Y lo que hizo: no les doy orden de captura, pero sí ordenó un allanamiento y una citación. Lo que sí es totalmente anómalo y no nos extraña, viniendo de Fredy Orellanda, es haber quitado el allanamiento y la citación. Entre ellos dos (Orellana y Curruchiche) ya hay una relación de complicidad en estos casos montados; lo de la jueza es un criterio judicial.
Si el sistema judicial asigna casos de forma automatizada ¿cómo se asignó el caso a Orellana?: Estos sistemas son vulnerables, pueden ser manipulados y no solo por una persona, hay una gran cantidad de operadores que pueden cambiar el destino de los casos.
En agosto 2024, Óscar Cruz, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia y ahora potencial candidato presidencial de Jaguar, dijo en ConCriterio: En todo caso, habría que hacer una revisión a ese sistema de distribución y si existen anomalías, lo denunciaré.
Su presidencia concluyó sin revisión y sin denuncia. Este reportero llamó y escribió a Cruz, pero no respondió. También solicitó una postura al Organismo Judicial y tampoco respondieron al cierre de la nota.
Juan Castro, abogado del Bufete de Pueblos Indígenas: Lo único evidencian estas resoluciones es que detrás de estas personas hay actores de mucho poder que quieren garantizar que no haya una persecución contra de ellos porque estos deben saber cosas de estos grupos a los que respondieron. Imagínese que capturaran a Curruchice ¿a quién va señalar?: a Consuelo y ella tendrá que delatar a quienes protegió.
Monterroso: El sistema de impunidad está diciéndole al Fiscal General: no la va a tener fácil, porque estamos hablando de los eslabones más bajos. ¿Qué va a pasar cuando haya casos contra la exfiscal Consuelo Porras o el exsecretario del MP?
ConCriterio solicitó una entrevista al MP, pero indicaron que los fiscales no atienden entrevistas, tampoco respondieron a las preguntas enviadas. Monterroso apunta a una recusación del juez Orellana y decretar arraigo contra Curruchiche y Sánchez.
La acusación contra Curruchiche y Sánchez es desconocida, el MP no informó sobre los casos; presuntamente el caso está relacionado con uso indebido de bienes e información reservada y allanamientos ilegales.
En octubre 2025 la Corte de Constitucionalidad (CC) detuvo la orden de nulidad absoluta de los resultados electorales 2023 emitida por Orellana y lo conminó a abstenerse de tomar decisiones contrarias a la constitución. El juez está sancionado por 44 países por acciones antidemocráticas.