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El caso de Juana Santiago Chel, la mujer 72 años de Nebaj, Quiché, desalojada de su propiedad por un grupo de policías antimotines el jueves pasado, escaló hasta el Congreso de la República. La diputada distrital de Quiché, Grecy de León de VAMOS citó a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y La Procuraduría de los Derechos Humanos:
- “¿No pueden tocar la puerta? ¿son simios? ¿no son personas educadas para poder hacer las cosas como se debe? Uno toca la puerta y dice: tengo una orden de desalojo. Primero asegúrese que la persona les está entendiendo,
- Sí les leyeron la orden.
- A lo mejor ni les entendió, porque habla Ixil; ustedes tienen protocolos que seguir, lleven sus órdenes y cumplan la ley, pero siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos.
Mario Aguilar, abogado de Santiago Chel, denunció por prevaricato, abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la constitución a la Policía, jueza y el fiscal del Ministerio Público (MP). El abogado dijo a ConCriterio que lleva el caso desde hace 3 años, que han habido varios intentos de desalojo y que el hijo engañó a la mamá: “Vino el tipo y le sacó la firma a la mamá y se lo pasó a un tercero y este anómalamente se lo pasó nuevamente al hijo, y vino él y plantea el juicio sumario en contra del inmueble de la hermana.
Según el abogado, son unas 46 cuerdas despojadas con engaños. En un video en redes sociales, Pedro López Santiago, el hijo de la señora dijo:
“El desalojo que hubo ahí no era para mi mamá, era para mi hermana. Porque ella está ocupando el terreno y por eso la ley la iba a sacar a ella, pero se metió mi mamá. Mi mamá tiene una casita de adobe ahí. Ese terreno yo se los compré a otra persona”.
El caso no sorprende al abogado, pues no es aislado: algunos casos los sacan en donación y otros, mañosos, en compraventa pura y simple.
Feliciana Herrera, exalcaldesa indígena de Nebaj, resolvió un caso similar durante su administración en 2023: Hubo un caso en que ella vivía sola y el nieto le ofreció cuidarla a cambio de que ella le diera media cuadra de terreno de dos que ella tenía. El problema es que no sabía leer ni escribir y el nieto fue con el abogado y, según dijo, le asesoró que no hicieran el trámite como herencia, sino como compraventa y la señora firmó porque según ella estaba haciendo el traspaso de media cuerda, pero legalmente eran las dos. Pasó el año y él la quiso desalojar y la alcaldía indígena lo citó y él reconoció que era herencia, que era tanta cantidad y se logró revocar ese documento.
Esta alcaldía estuvo al tanto de procesos similares: muchos no querían que la alcaldía conociera estos casos y preferían ir con el sistema ordinario porque no se si se les resuelve más fácil o de otra forma. Y no lo ponen como herencia, sino como compraventa y eso es ya difícil de intervenir.
El abogado de la abuela asegura que acudirán a otras instancias y señala: “lamentablemente ahí ocurrió un desalojo judicial y ahí tendrá que resolver la juez. Ahí empezó el pleito.
El MP informó que inició investigación, pero aseguró que no participó en la planificación y ejecución del desalojo. El viernes, Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, dijo que evaluarán si se cumplieron los protocolos y la diputada Karina Paz, reprochó ayer a la PNC y funcionarios de la PDH:
Cerremos la PDH, no sirve. Llegaron 108 policías, para una anciana, dos mujeres y un hombre con discapacidad. Es que no era una requisa en el Infiernito: es una mujer de 72 años. Si la PDH está o no está, da lo mismo, ¿cuándo va haber resultado de esa investigación? ¿quién dio la orden para llevar 108 policías?
El abogado dijo que en efecto un hombre con problemas mentales fue arrestado y más tarde liberado.