Escuche la nota aquí:
La jueza Melida Esmeralda Vásquez de Orellana pospuso la citación de Saúl Sánchez, exjefe de la Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación, para el 8 de diciembre próximo. Se trata de la primera declaración como sindicado de uno de los fiscales próximos a Consuelo Porras, exfiscal General, quien debía presentarse ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez en donde es acusado por allanamientos ilegales.
Es el tercer revés para el Ministerio Público (MP) en sus esfuerzos por llevar a piezas clave de Porras ante la justicia. Mejor suerte corrió Rafael Curruchice, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), cuando el juez Fredy Orellana no concedió la orden de captura solicitada por el MP y además anuló la orden allanamiento autorizadas por María Benilda Sandoval, jueza de Diligencias Urgentes.
Los expedientes son desconocidos, pero Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, desde el exilio cuestiona falta de agilidad a la administración del fiscal general, Gabriel García Luna: ¿Cuánto tiempo le dio para que llegara al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal? Entonces en el ínterin pudieron haber ejecutado el allanamiento; por lo tanto, no me queda claridad de qué manera dirigieron los fiscales las actuaciones.
El exfiscal apunta a que la posible prueba que el MP pudo recabar en ese allanamiento se esfumó. “Además, hay cuatro cuestionamientos que hacer:
– si la revocatoria de las órdenes que había emitido la jueza María Benilda Sandoval, ¿fueron revocadas por juez o las solicitó alguien?
– Si Curruchiche las pidió ¿de qué manera tuvo acceso a las actuaciones?
– ¿Cómo el juez identificó si pudo haber ilegalidad? y
– ¿Por qué el juez, al tener acceso del expediente, analizó necesidad o proporcionalidad de las solicitudes?
Este reportero planteó las preguntas a la oficina de comunicación del MP, pero no hubo respuesta.
Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado defensor de acusados de corrupción de gran impacto en casos presentados por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): “esto no es tener la orden de allanamiento e irse inmediatamente, salvo casos de extrema urgencia. Todo depende también de la hora en que se obtuvieron las resoluciones, porque según la constitución no se puede allanar ni antes de las 6 am ni después de las 6 pm. También hay que ver a qué hora fueron revocadas, no sé si se tuvieron 18 horas hábiles. No es tan fácil”.
Curruchiche ni siquiera tiene fecha de citación. ConCriterio intentó ubicarlo, pero sus números de teléfono fueron desactivados al igual que sus redes sociales.
Juan Castro, abogado del Bufete de Pueblos Indígenas:detrás de estas personas hay actores de mucho poder que quieren garantizar que no haya una persecución contra de ellos porque estos deben saber cosas de grupos a los que respondieron. Imagínese que capturaran a Curruchice ¿a quién va señalar?: a Consuelo y ella tendrá que delatar a quienes protegió.
Los casos recaen en los mismos jueces y los abogados sospechan manipulación en el sistema de asignación. Pérez Trabanino:
“En la Comisión se criticó mucho el caso llamado “multicausa”, yo litigué muchas etapas de ese, tenía el denominador común que era el Ministerio de Comunicaciones, pero luego derivó en otras investigaciones y un eslabón mínimo garantizaba que la jueza fuera una, Erika Aifán. Cuando Consuelo Porras llega a su segundo mandato esta “multicausa” se criticó muchísimo, luego se dieron cuenta que también les generaba una gran ventaja: tener un solo juez, entonces les devuelven los bienes y todo el mundo ha salido absuelto”.
La orden de captura contra Curruchiche: fallas en la distribución de casos alimentan la impunidad