UNE vs. Gobierno: dos propuestas de Ley de Aguas chocan en el Congreso

Después de 4 décadas y 39 iniciativas sin un acuerdo, el Congreso vuelve a discutir una Ley de Aguas. La propuesta de la UNE, presentada por el diputado Inés Castillo, surge cuando está por comenzar el análisis de la iniciativa elaborada por el Gobierno de Bernardo Arévalo. Ambas plantean modelos distintos sobre la administración, regulación y cobro por el uso del agua. Exdiputados y legisladores advierten que la nueva propuesta puede fragmentar la discusión y favorecer los intereses de sectores con influencia en el Congreso.
Publicado el 27 Ago, 2026

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Inés Castillo, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), presentó una contrapropuesta de iniciativa de Ley de Aguas y con esta suman 39 proyectos en el Organismo Legislativo para regular el uso del agua en el país. Ninguno, en 4 décadas, avanzó. La iniciativa de la UNE llega un mes después de que el oficialismo presentó la propia.

Pero ¿por qué la UNE presenta una propuesta paralela?, Leocadio Juracán, exdiputado y ponente de una de las 37 engavetadas:

“Hay un sector interesado que tiene sus operadores políticos en el Congreso, que les manda qué hacer y qué no hacer. Y lo que está pasando ahorita, pasó en 2016: cuando presentamos la Ley Marco del Agua, en un lapso de tres meses se presentaron 4 ó 5 iniciativas más, precisamente para dejar por un lado otras o hacer un híbrido de todas y con ello se pierde el espíritu de fondo. Entonces lo que pretende la iniciativa de la UNE es deslegitimar la que presenta el Ejecutivo.

ConCriterio llamó y escribió Inés Castillo, ponente, pero no respondió. En 1985, las reformas constitucionales establecieron el Régimen del Agua y exhortaron a los diputados a legislar bajo la premisa de que “las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia”.

Entre las diferencias esenciales de las propuestas la de la UNE y del Gobierno destacan: mientras el Gobierno propone crear una nueva autoridad y la UNE delega la gestión al ministerio de Ambiente y las municipalidades; el gobierno propone diferenciar y cobrar según el uso de agua (ejemplo: agricultura familiar o industrial son usos distintos) mientras la UNE mantiene las tasas por servicios municipales (distribución y drenajes). 

Victoria Palala, diputada de SEMILLA: Es muy claro que acá no se busca garantizar el acceso al agua para la población. El objetivo es seguir protegiendo los intereses de los que han tenido el control y el manejo del agua pública en el país. Sin duda, es una propuesta que tiene aspectos contradictorios a lo que busca la Constitución cuando nos manda a elaborar una ley de aguas.

La segunda semana de este mes el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales y Financieras (CACIF) convocó a diputados a una mesa técnica para discutir la propuesta oficial. ConCriterio solicitó una postura al gremio empresarial, pero no respondieron.

Palala: De seguro al momento que vieron la propuesta seria que tenemos, se dieron cuenta que podían no estar incluidos como les gusta. Pero como Comisión de Ambiente, haremos la discusión y en su momento CACIF tendrá un espacio para venir al Congreso para plantear sus preocupaciones y sus aportes, en un espacio público como corresponde.

Uno de los riesgos de la propuesta oficial, según el exdiputado Juracán: Puede ser una buena iniciativa, pero la van a descuartizar y van a meter elementos que le interesa al sector por los que ellos operan en el Congreso.

Juracán participó en los Diálogos por el Agua, mediante los cuales se construyó la propuesta oficial y los puntos de mayor discusión fueron: participación de los pueblos en el ciclo del agua, la gobernanza, las cuencas, los cánones y la autorización para el uso de la industria.

Henry Bin

Periodista