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La resolución del juez Mynor Moto, que puso punto final a la persecución de las autoridades indígenas que lideraron las manifestaciones de 100 días durante el 2023, parece cerrar un capítulo en la justicia guatemalteca.
Hace apenas días, el Ministerio Público (MP) acusaba a Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Basilio Puac, líderes de los 48 Cantones de Totonicapán, y a Esteban Toc, alcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, de terroristas e integrantes de una red criminal. Pero el juez decidió anular esa acusación que surgió bajo la venia de la exfiscal general Consuelo Porras: “No por eso voy a decir que los 48 Cantones es una organización criminal.”
Los abogados y exfuncionarios de justicia analizan cómo las peticiones del MP, ahora bajo el mandato de Gabriel García Luna, orientan la justicia como ocurrió con las autoridades indígenas, contra quienes el MP frenó la persecución.
Juan Castro, abogado defensor de los líderes indígenas: “El juez resuelve con lo que tiene a la mano, es posible que en otros casos haya resuelto de manera distinta, pero si no tiene herramientas fundadas para acusar, lo que hizo fue lo correcto. Si esto no hace tener un perfil diferente del juez que anteriormente hemos conocido, habrá que ver sus próximas resoluciones.”
Los fallos del pasado del juez Moto lo llevaron a la Lista Engel de Estados Unidos, que en 2021 lo sancionó como un operador de “actos de corrupción al obstaculizar la justicia y recibir sobornos a cambio de dictar decisiones favorables”. Entre sus resoluciones más controversiales:
- En 2020 no ordenó la captura de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones durante la gestión del expresidente Jimmy Morales, acusado por anomalías en la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
- En 2018 favoreció a Felipe Alejos, diputado de TODOS, acusado en el proceso llamado «Traficantes de Influencias».
- En 2017 cerró el caso “bufete de la impunidad”, que acusaba a abogados de llegar a acuerdos con jueces.
A pesar de los jueces, Castro enfatiza: “Ya no tenemos un MP beligerante y eso pone otras condiciones y tampoco están en el proceso otros actores como la Fundación Contra el Terrorismo”.
Amnistía Internacional, una organización que monitorea el respeto a los derechos humanos a nivel mundial, declaró a Pacheco y Chaclán como presos de conciencia. Su caso se suma a los casi 200 procesos de criminalización, según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.
Alejandro Rodríguez, exsecretario del MP, nos dice que la liberación de las autoridades indígenas marca precedente:
“El cambio de posición del MP vino sobre todo a partir de la revisión del caso de la Secretaría de Pueblos Indígenas que hizo un dictamen que está sustentado en lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que se estaba desarrollando persecución arbitraria”.
Pero el cambio de actitud de Moto ¿puede extenderse? Rodríguez: “Y ahora que el MP es objetivo y está desarrollando revisión de los casos, tiene que hacer esos requerimientos para que termine la criminalización y los jueces deben apegarse a la legalidad.”
En su argumentación, el juez Moto señaló que la acusación de la extinta Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, carecía de fundamento y señaló que no puede llamarse criminal a una organización cuyas acciones: “Eran para defender la alternabilidad en el poder y que se diera una toma de posesión.”
El abogado Rodríguez afirma que el cierre de los casos conlleva deducir responsabilidades para los funcionarios que colaboraron para la criminalización.