Las elecciones generales están previstas para 2027, pero a juzgar por lo que ocurre alguien olvidó avisar a los políticos. O quizá todos fueron avisados y decidieron que la fecha era apenas una sugerencia, porque la campaña electoral está en marcha desde hace rato, aunque no oficialmente.

Aunque para eso están las sutilezas semánticas, los tecnicismos y esa extraordinaria capacidad nacional que permite hacer exactamente aquello que la ley pretende impedir sin llamarlo por su nombre: reuniones, giras, actos, fotografías, entrevistas, posicionamientos, estructuras que se activan y aspirantes que comienzan a comportarse como candidatos mucho antes de serlo. Todo cuidadosamente presentado como actividad política ordinaria, proselitismo o simple preocupación por el futuro del país, mientras el TSE observa.

La autoridad, que tarda demasiado, termina enseñando a los regulados hasta dónde pueden llegar, y somos alumnos aventajados en esa materia. Tenemos una notable habilidad para convertir las leyes en recomendaciones. Se aprueba una norma, se celebra y posteriormente comienza el verdadero deporte nacional: descubrir cómo rodearla, evadirla, incumplirla, soslayarla.

Quizá lo más preocupante que releva esta precampaña es su contenido, porque hasta ahora la gran renovación política guatemalteca tiene un inquietante parecido con el archivo histórico nacional. Vuelven nombres conocidos, políticos que han pasado por varios partidos, personajes capaces de desplazarse entre organizaciones y discursos con una flexibilidad que ya quisieran para sí los grandes contorsionistas. Conservadores ayer, progresistas mañana, centristas el domingo y pragmáticos todos los días. La ideología, no es más que un accesorio incómodo cuando hay una casilla disponible.

Eso explica también una idea que parece haberse instalado peligrosamente en el imaginario nacional: cualquiera puede gobernar o legislar. No se exige experiencia en administración pública, tampoco conocimientos jurídicos, económicos o institucionales. La preparación parece secundaria. Basta notoriedad, recursos, estructura, apellido, contactos o una considerable cantidad de seguidores en redes sociales. Y cada proceso electoral aporta su correspondiente cosecha de personajes que descubren, repentinamente, una irresistible vocación de servicio público.

Hombres y mujeres que quizá nunca habían mostrado interés por la política descubren de pronto que Guatemala necesita de sus servicios. Y aquí aparece un fenómeno mayor que la simple anécdota electoral: la progresiva sustitución de la representación por la popularidad. Tener audiencia empieza a confundirse con tener capacidad, y me remito a la prueba de lo que hay en el Congreso y en algunos alcaldías. No es un fenómeno exclusivo guatemalteco, pero este sistema ofrece un terreno particularmente fértil.

Es la lógica de la narcocultura trasladada, en cierta medida, a la política: exhibición, dinero, notoriedad, apariencia exuberante (para ellas), éxito rápido y desprecio por las credenciales tradicionales. No hace falta pertenecer al narcotráfico para reproducir sus códigos culturales, basta asumir que lo importante no es ser, sino parecer; no saber, sino exhibirse; no construir una trayectoria, sino acumular visibilidad.

En democracia cualquiera que cumpla los requisitos legales tiene derecho a competir. El problema es que el sistema vuelva a ofrecernos las mismas prácticas envueltas en empaques distintos y aceptemos dócilmente el envoltorio como prueba de renovación. Nos gusta ser cómplices, ya no nos quejemos más de que somos víctimas.

El gran casting comenzó, y los aspirantes buscan partido, los partidos aspirantes, las estructuras financiamiento y demasiados políticos pretenden que olvidemos dónde -y con quienes- estuvieron antes.

El TSE, mientras tanto, tendrá que decidir si quiere arbitrar el proceso o limitarse a contemplarlo, aunque parece que ya tomó la decisión.

¡Qué cada uno haga lo que pueda, y después hablamos!