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En 2025, el gobierno de Bernardo Arévalo actualizó el mecanismo de búsqueda de migrantes desaparecidos e incorporó la atención a las familias. Pero unos 760 expedientes antiguos, a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, previos al surgimiento del Código de Migración en 2016, siguen sin solución. 

Eduardo Woltke, subdirector del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) explicó que ambas instituciones trabajan en el traslado de los expedientes, aunque enfrentan retos: . “Mucho s tienen números telefónicos de 2010 y ha sido difícil comunicarnos con los familiares, pero la búsqueda se mantiene según el protocolo: el caso no se cierra hasta que la persona aparece.”

Con los reportes más recientes hay avances, afirma el subdirector:  “Desde enero de 2024 hasta el 22 de septiembre de 2026, el IGM contabilizaba 362 activaciones de reportes, de los cuales 218 continuaban en proceso. Otros 139 migrantes habían sido localizados: 113 con vida y 26 fallecidos”

Organizaciones civiles y autoridades trabajan para identificar a las víctimas, mientras el crimen organizado y el narcotráfico mantienen el control de rutas migratorias en México.

En Huehuetenango, la asociación Pop Noj acompaña 35 casos de migrantes desaparecidos en 24 municipios.

Gilmar Méndez brinda asesoría jurídica y cuenta: “En 2025 logramos identificar a 13 personas, de las cuales 11 se localizaron con vida en centros de detención, refugios y cárceles; se hallaron 12 personas sin vida, esto con coordinación del equipo Argentino de Antropología Forense.  Con este equipo tenemos una comunicación estrecha, ellos vienen 2 veces al año a Huehuetenango a tomar muestras de casos.  

Woltke afirma que mantienen permanentemente la comparación de muestras y recuerda: “En mi trabajo anterior, en la Procuraduría de Derechos Humanos tuvimos que buscar familias de personas que tenían 10 años de estar en la morgue en Estados Unidos y que a través del ADN tuvieron coincidencia”.

Unos 760 migrantes desaparecidos desde 2010, aún sin rastro.

Méndez critica que los esfuerzos aún no llegan a las comunidades rurales, donde muchas familias desconocen cómo presentar un reporte, y también señala que el servicio está centralizado. El directivo de Migración asegura que inaugurarán siete nuevas sedes regionales, de las cuales ya funcionan: las de Chiquimula, Quetzaltenango y Zacapa; en octubre y noviembre se inaugurarán las de Morales, Izabal; Carchá, Alta Verapaz; Huehuetenango, Huehuetenango; y San Antonio Suchitepéquez.

Woltke señala que el control de rutas migratorias por el crimen organizado y las disputas territoriales de grupos narcotraficantes están vinculados con secuestros y masacres de migrantes. El funcionario agregó que los viajeros pueden ser trasladados entre estados, explotados laboralmente o sometidos a trata, mientras cementerios clandestinos y fosas dificultan su identificación.

El padre Francisco Pelizzari, director de la Casa del Migrante en la ciudad de Guatemala, advierte:  “Es importante hablar de los carteles que controlan otro tipo de bandas de traficantes, que tienen que pagar su derecho de paso. Cuando yo estaba en Nuevo Laredo, en la frontera con Río Bravo, lo controlaban los carteles y había que pagar peaje de USD500 –hace 15 años–, en ese momento pagaban al coyote y ellos lo entregaban a las bandas y si no querían pagar, los secuestraban hasta que los familiares depositaban”.