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En el Congreso de la República duermen las iniciativas de ley que buscan prohibir la contratación de seguros de vida y gastos médicos en las instituciones públicas o la que pretende incorporar a los diputados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En 2020, el Ministerio de Finanzas informó al Congreso que 75 dependencias del Estado pagan al año Q430 millones por contratación de seguros privados para funcionarios. Una iniciativa presentada en 2020 por Juan Carlos Rivera, diputado de Victoria y actual secretario de la Junta Directiva, propuso incluir en la ley del presupuesto una prohibición con el siguiente párrafo:

“El funcionario o empleado público que autorice la contratación y/o pago de seguros médicos privados con cargo al presupuesto del organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma, incluyendo municipalidades, quedará sujeto al reintegro del monto contratado y pagado, sin que ello lo exima de las demás responsabilidades civiles o penales que procedan conforme a la ley…”.

Desde mayo de 2021, la propuesta no avanzó, pese a que recibió el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida entonces por Vicenta Jerónimo, exdiputada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que renunció a los privilegios de los diputados. Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), opina sobre la propuesta de Rivera: 

“Creo que es suficientemente expresa: no solo lo prohíbe, sino que, en caso lo haga, tiene que reintegrar el gasto en que hizo incurrir al Estado; esta debiera estar en la ley del presupuesto de cada año, sino en la Ley del Presupuesto”.

Este año, 13 instituciones han contratado seguros de vida y gastos médicos por Q14.7 millones; algunas de ellas:

• El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) gastó Q1.4 millones para cubrir a 1 mil 507 empleados y lo justifica con el pacto colectivo.
• El Instituto Nacional de Estadística (INE) cotiza por Q772 mil para 119 trabajadores 011.
• El Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA) contrató por Q2.5 millones; el seguro incluye a cónyuge e hijos menores de 18 años.
• Fondo de Tierras pagó Q1.5 millones para cobertura de 550 trabajadores con contrato 022 y 029 (personal temporal).
• La Universidad de San Carlos por Q741 mil.

Linares reprocha que, mientras los funcionarios utilizan fondos públicos para coberturas privadas de salud, el resto de la población:  “no les queda otro camino que ser atendidos en servicios precarios de salud. Entonces, esos recursos deberían destinarlos a mejorar los servicios públicos”.

La propuesta de ley del diputado Rivera también cuestiona que “… muchas veces los seguros médicos son otorgados únicamente para determinados funcionarios y empleados públicos”, como ocurre en la Universidad de San Carlos, que están dirigidos al Consejo Superior Universitario; o a los magistrados en la Corte de Constitucionalidad y Suprema de Justicia; y a los diputados en el Organismo Legislativo. La propuesta también resalta que muchas veces hay “doble erogación financiera del Estado, toda vez que, a la par de pagar cuotas patronales a favor del IGSS, resultan contratando y pagando también seguros privados médicos”.

No es el caso de los diputados, quienes no cotizan al IGSS. En 2023, el diputado Samuel Pérez presentó la iniciativa de incorporación voluntaria al Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes, Invalidez, Vejez y Sobrevivencia. Pero un año después la propuesta obtuvo dictamen desfavorable de la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

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Antes, en 2022, Bernardo Arévalo, como diputado de Semilla, propuso incorporar a los diputados al seguro social; la iniciativa se elevó al pleno en 2024 y ya no avanzó.

Édgar Balsells, exdirectivo del Seguro Social, atribuye el problema a una crisis de las entidades autonómicas: “no hay una conducción y organización central”. Sobre la idea de incorporar a los diputados al Congreso, señala: “Entonces hay que darle los fondos que necesita el IGSS.  De la cuota del ‘Estado como tal’, hay 3 cuotas: patronal, del trabajador y ‘Estado como tal’.  El principal centro de referencia del IGSS sigue siendo el hospital de la zona, que yo lo catalogo como un hospital de guerra”.