Siete meses después de que una sentencia de la Corte de Constitucionalidad responsabilizó a las instituciones del estado sobre el cuidado de los hijos de las mujeres recluidas en las prisiones de Guatemala, sus condiciones han dado pequeños pasos hacia adelante: su alimentación, por ejemplo, ya no es producto de donaciones, sino una obligación de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep). 

A pesar de las condiciones precarias, Andrea Barrios, directora del colectivo Artesana, una organización que apoya a personas que guardan prisión, asegura que la vida de estos chicos es mucho mejor que hace unos meses:

“¿Qué tienen hoy que no tenían en noviembre? Las áreas para la visita en siete centros de hombres: (antes) los niños ingresaban a los sectores o tenían la visita en cualquier lugar. ¿Qué tienen hoy que no tenían? A las instituciones trabajando en beneficio de ellos teniendo que establecer protocolos de atención, el tener una coordinación interinstitucional en cumplimiento de la sentencia.”

La sentencia aún no se cumple en su totalidad, explicó Barrios, hace falta crear las áreas de visita del resto de centros, terminar de inscribir a todos los niños y finalizar la elaboración de los protocolos de atención y coordinación.

Aún con las carencias la directora de Artesanas, apunta a que es crucial que los pequeños convivan con sus madres, a pesar de la reclusión: 

“Muchos de esos niños la única oportunidad que van a tener de convivir con su mamá son esos pocos años que pueden estar con ellas dentro de los centros. Nosotros tratamos de privilegiar eso más que las condiciones de infraestructura, pobreza o limitaciones.”

Según el Sistema Penitenciario en la actualidad se cuentan 109 menores que conviven con sus madres en los centros carcelarios, pero la atención estatal es deficiente. Así lo declaró Ligia Hernández, diputada de la bancada Semilla, quien visitó la cárcel de mujeres Santa Teresa en mayo del 2021:

“Es deficiente el acceso a la salud y a la alimentación: se cuenta con un ginecólogo, una enfermera y un pediatra que prácticamente no tienen ni insumos ni medicina ni para los niños ni mucho menos para las mujeres. Los niños y niñas no solo no están registrados, sino que tampoco tienen el sistema de vacunas completo.”

Ese registro de los hijos de las detenidas es un asunto crítico, señala Otto Paz, expresidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT):

“Lo complicado de lo que hemos observado, es que no existen los controles por parte de las autoridades. En el sentido que los niños salen cuando ellos les otorgan los permisos, pero a veces otorgan los permisos a personas que no son familiares. Considero que las autoridades deben hacer un estudio social con respecto a quién están entregando al niño.”

El Director del Sistema Penitenciario reportó que hay menores en el Centro de Detención de Mujeres Santa Teresa, en el de Orientación Femenina, en el de Cantel, en el de Petén y en el de Puerto Barrios.