La Corte de Constitucionalidad (CC) en su resolución de ayer garantizó la toma de posesión de los funcionarios electos el 25 junio y 20 agosto, incluido el binomio presidencial conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del Movimiento Semilla, pero hay aún hay incertidumbre de sí el presidente Alejandro Giammattei sancionará o vetará el presupuesto 2024, la demanda de algunos sectores es que quede vigente el de 2023, ya que el aprobado por el Congreso puede poner en dificultades el nuevo gobierno.

Además de que señala que contiene designaciones de fondos para beneficio de ciertos grupos; por ejemplo, hay asignación de proyectos específicos en el ministerio de Comunicaciones, Salud, Educación; entre otros. Hay también partidas para Organizaciones No Gubernamentales de reciente creación, que se sospecha están vinculadas a los congresistas. La pregunta es ¿puede el nuevo gobierno dejar de cumplir con los compromisos de la actual administración endosados en el presupuesto 2024?

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) es contundente al señalar que al tratarse de una ley, los funcionarios que incumplan con el traslado de fondos pueden estar sujetos a sanciones:

Yo no veo mucho margen. La forma en que el nuevo gobierno pueda superar esos desafíos es: que el presidente Giammattei vete el presupuesto, que es en lo que se está insistencia o la otra es que el Congreso apruebe un decreto modificando el actual. De lo contrario sí es una obligación legal y los funcionarios responsables puede ser sancionados. Dicho en términos políticos: el presidente Arévalo está obligado a pagarle a los corruptos.

Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas y diputado electo por CABAL, tiene otra visión y considera que:

Se están ahogando en un vaso de agua. Los proyectos están incluidos en el presupuesto es cierto, pero quien los contrata es el Ejecutivo; entonces los va a llevar a cabo si tienen estudios de prefactibilidad, si tienen bases de licitación en un proceso competitivo. Para pagarle a ONG, deberán cumplir los requisitos de registro, los convenios y los pagos parciales para verificar que se está cumpliendo.

Por lo tanto, considera: No es un cheque en blanco, establece requisitos de anticipo. Yo me encontré varios proyectos que tiene nombre y apellido que son señalados y que no tienen preinversión. ¿cuál es el tema? Hay una asignación sí, pero cuánto suma todo eso que tienen señalamientos ¿3% del monto del presupuesto?, el presidente electo dijo que el 40% se iba en corrupción todavía tienen otro 37% para redirigir y hacer lo que quiera positivamente con él.

Señala que si bien hay ciertos proyectos que generan dudas:

Por ejemplo, los pagos de deuda de arrastre de 2011-2012 de dragados; ahí tendrá que completarse la documentación y validarse porque ya que no por estar incluida la asignación cumplen con los requisitos.

La resolución de la CC de ayer, anima más a los alcaldes electos a definir su apoyo a Arévalo. Isidro Castillo, alcalde reelecto de Colomba, Quetzaltenango por VAMOS, no dice:

Es necesario que haya un poco más de acercamientos entre el presidente y los alcaldes, nosotros somos el cuarto poder a nivel nacional, somos quienes estamos en todas las aldeas, y queremos que haya más comunicación para que lo podamos ayudar.

Estrada dice que mucho los fondos para las municipalidades dependen de la gestión gobierno:

Hay una asignación de situado constitucional – IVA Paz por Q10 millardos, en Consejos de Desarrollo, Q4 millardos, ahí son Q14 millardos, que es un pago y el gobierno cumple si tienen fondos, pero la agilización de los proyectos de Consejo de Desarrollo sí depende de un trabajo ejecutivo y facilitador del gobierno.

Y el alcalde de Colomba añade:

por lo menos a las municipalidades se les aumentó a todas y estamos contentos, pero habrá otros aspectos donde quizá hay perjuicio y ahí donde el presidente juega un papel importante de ser un verdadero operador político para unir de su lado a las fuerzas en el Congreso

El presupuesto aprobado el 30 de noviembre pasado es de Q124 millardos, el miércoles falló el intento de archivarlo por falta de votos en el Congreso, por lo que la última decisión la tiene el presidente Giammattei.