Dos amparos fueron presentados en la Corte de Constitucionalidad (CC) que buscan frenar el proceso electoral 2023, bajo el reclamo de que se “constituye riesgo y amenaza inminente de que se realice la adjudicación de cargos”, sin que las Juntas Electorales Departamentales hayan conocido supuestos “vicios contenidos en las actas físicas y digitales”.

Ambas acciones están coordinadas por Jorge Baldizón, hijo de Manuel Baldizón, excandidato presidencial de LIDER, condenado confeso en Estados Unidos, por lavado de dinero. Los Baldizón, están acuerpados en esta lucha contra los resultados electorales por ocho partidos políticos entre ellos VAMOS, del presidente Alejandro Giammattei y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de la candidata Sandra Torres.

Hay un dato más: el abogado que auxilia en estas acciones legales es Eskevin Noé Castellanos Mérida, sobrino de Rudio Lecsan Mérida, excandidato presidencial del partido Humanista; pero eso no es todo, este jurista ha sido el abogado de confianzas de Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y ahora Manuel Baldizón comparte esa confianza, y son estos los quienes buscan dejar sin efecto la voluntad popular en las urnas.

Desde 2013, Castellanos Mérida, ha ganado Q4.3 millones en contratos con el Estado, pero Q4 millones, son fruto de las gestiones de Jimmy Morales y Giammattei, como asesor jurídico en la Secretaría Privada de la Presidencia; además de la Vicepresidencia, Guatel, el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Abogado Castellanos Mérida. Foto: Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

El abogado Julio Saavedra, se aleja de opinar sobre el papel profesional que pueda jugar el abogado de cabecera de los gobernantes:

Pero el hecho de que se esté planteando con un mismo interés entre varios partidos políticos, unificándolo en Jorge Baldizón, eso sí da para opinar mucho, porque ellos ocupan un papel importante en la política y lo que supongo que están buscando es algún tipo de protección. Si lo pensamos como estrategia, ya les funcionó con las candidaturas de Prosperidad Ciudadana. ¿entonces quién gana? la gente que buscan proteger.

Manuel Baldizón, sigue dos procesos por corrupción; el caso Transurbano y Odebretch, en octubre del año pasado fue expulsado de EE. UU e ingresó a presión en Guatemala, pero en enero de este año la justicia lo benefició con casa por cárcel mediante el pago de Q1.8 millones. Intentó participar como candidato a diputado, pero no fue inscrito; aquella intención de regresar al poder se leyó como una amenaza y el Ministerio Público (MP) solicitó que regresara a prisión.

No obstante, la familia Baldizón lidera los esfuerzos para anular los resultados electorales.

Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, cuestiona las formas de los amparos: no razonan en forma alguna porque lo interponen en la CC, si de antemano se sabe que se debe interponer en la Corte Suprema de Justicia; queda entonces pensar que había compadre hablado. Cualquier litigante que hubiera planteado una acción con esos defectos, nunca se lo hubieran aceptado.

Y sobre la posibilidad que abrió la CC, de presentar la nulidad ante el TSE, como lo hizo Rudio Lecsan Mérida, de Humanista, Orellana señala:

La CC sopretexto de la suspensión provisional, prácticamente está resolviendo el fondo del asunto: le está diciendo a la CSJ, cómo proceder. No importa cuál sea el resultado final ellos lo que quieren es ganar tiempo y que llegue un momento de crisis en el cual no se integre el Congreso, el 14 de enero a las 14hrs. para que no hay quien le tome juramento al nuevo Presidente de la República. ¿Qué puede pasar? El Congreso puede desconocer al mandatario actual, pero él puede decir que no puede dejar el cargo porque no tiene sustituto.

En este punto según la hipótesis del Orellana, nuevamente tendrían que acudir a la CC, en auxilio de respuesta. Los Baldizón, quieren revivir también un caso por firmas falsas de Semilla, que el propio partido denunció ante el MP.