Desde julio de 2017 la vida del abogado Otto Gómez detenido el martes pasado, ha sido resguardada por seis elementos de la Policía Nacional Civil (PNC)._ tres en cada turno de 24 horas_ En la institución policial se informó que la seguridad del defensor se otorgó por una resolución de juez. .
Según el MP, Gómez ha presentado 200 denuncias por amenazas a su integridad física y por otras causas, aunque también pesan en su contra 60 demandas, algunas de ellas derivaron su captura por simulación de delito en forma continuada, obstaculización a la acción penal, violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, agresión sexual, discriminación en forma continuada y amenazas en forma continuada.
La División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) es una unidad de la PNC compuesta por mil agentes, desde la cual se asigna personal para la protección de funcionarios y civiles cuya vida corre peligro por la labor que desempeñan o por ser testigos en un caso penal.
En algunos casos esta seguridad es utilizada para amedrentar a civiles sin motivo alguno. Es el caso del abogado Otto Gómez, quien según las acusaciones ante el MP utilizaba a los agentes para ese fin, incluso en hechos de tránsito, lo cual ha quedado evidenciado en videos de cámaras de seguridad y de testigos en la vía pública.
El 24 de agosto último circuló en redes sociales un video en donde los guardaespaldas del abogado Otto Gómez amenazan con fusiles de asalto a un conductor en Quetzaltenango, al parecer porque no les cedieron la vía.
El 20 de noviembre de 2020 en la avenida La Reforma de la zona 10 capitalina, el abogado junto a los agentes de PNC designados protagonizó un altercado con otro conductor, quien se defendió con arma de fuego, aunque no hubo heridos.
El exviceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, dice que la DPPS es una unidad necesaria pero debe profesionalizarse para evitar que se involucren en ese tipo de incidentes.
“Sí, hay agentes que actúan de manera poco profesional comprometiéndose ellos y a la institución. Deben ser más cuidadosos al darle seguridad a quienes abusan de los agentes de la PNC de esa manera“.
Gómez, según las denuncias planteadas en el MP, también ha sido señalado de agredir verbalmente y a los agentes asignados a su custodia, especialmente a las mujeres.
Clavería, dice que la DPPS debe evaluar el riesgo que corre la persona y asignar un número de agentes. En el caso de abogados, jueces, fiscales y exfuncionarios, comúnmente reciben hasta seis agentes, tres por turno durante 24 horas, como es el caso de Gómez.
“Hay gente muy buena en esa unidad (DPPS) y que necesita más entrenamiento, es gente que hace una buena labor pero todavía necesitan mejoras económicas como un bono extra. Se obliga a que la PNC preste seguridad a aquellas personas que los jueces les designa seguridad a través de una resolución judicial y hay que acatar”.
El tiempo que se otorga seguridad por parte de la DPPS tanto a funcionarios como civiles es indefinido según el riesgo que enfrenten.
En el caso de Gómez, los miembros de su seguridad no portaban uniformes pero sí chalecos antibalas y fusiles, sin embargo, los agentes de esta división no necesariamente deben andar uniformados y pueden operar de particular dice Edwin Monroy, Vocero de la PNC.
Francisco Giménez, exministro de Gobernación, refiere que el esquema de esa unidad es importante pero el agente no debe involucrarse en intimidaciones.
“Si Juan Pérez les dice a los agentes que intimiden a tal persona porque los fastidia, es un mal uso de la seguridad pero también irresponsabilidad de los agentes”.
Gómez ha sido abogado de Haroldo Mendoza Matta, procesado por la muerte de siete personas en noviembre de 2014 en Izabal. También ha defendido a Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, sentenciado por ordenar la muerte de 15 personas dentro de un bus en noviembre de 2008 en Zacapa. El abogado ha presentado denuncias en contra de jueces y fiscales incluyendo a la Fiscal General Consuelo Porras.
El 31 de agosto de 2018 en la zona 5 capitalina, Gómez colisionó a propósito con un vehículo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, momentos después de que el presidente Jimmy Morales anunciara que no renovaría el mandato de ese organismo internacional.