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“(…) Tomé la difícil decisión de acogerme a un procedimiento de aceptación de cargos, no como un acto egoísta, sino como un acto de justicia (…)” escribió Ligia Hernández, exdirectora del Instituto de la Víctima en un comunicado que difundió en sus redes sociales.
Es la primera funcionaria del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, condenada por fiscalización electoral y financiamiento no reportado. Según un comunicado del Ministerio Público (MP), Hernández admitió que ocultó el origen de los fondos de los financistas e impidió que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fiscalizara las contribuciones al Movimiento SEMILLA.
Andrea Reyes, diputada oficialista y defensora del partido: Lo acogemos con sorpresa porque no es una decisión en la que hayamos estado al tanto todos; ella decidió por sí misma qué era mejor para ella y lo entendemos, porque sí estaba siendo sometida a una presión extraordinaria. A ella se le había otorgado un amparo provisional antes de tomara esta decisión de aceptar cargos.
Los diputados de SEMILLA aseguran que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó a Hernández; sin embargo, creen que la liberación no iba a ser inmediata y por eso creen que ella aceptó la culpabilidad.
El equipo legal de SEMILLA analiza desde ya su escenario, pues creen que el MP impulsará las persecuciones del caso SEMILLA, por el cual han solicitado antejuicios contra el presidente Arévalo y al diputado Samuel Pérez, no obstante Reyes: El caso SEMILLA empezó por firmas justificadas y terminó por fraude electoral –que no tienen nada que ver– contra el mandatario Arévalo, se le acusa de supuesto lavado de dinero, por un préstamo que se hizo para solventar una multa; en ese sentido, la condena de Ligia terminaría contradiciendo la tesis original de lavado de dinero, porque ese mismo hecho originó una multa administrativa y eso solventa la situación del partido. Están persiguiendo a SEMILLA por la vía legal cuando ya se había resuelto todo por la administrativa.
Uno préstamo fue por US$44 mil y provino de las cuentas de Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones, quien afirmó que los fondos pueden ser rastreados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y aádió que fue un préstamos ya fue pagado.
Presidente Bernardo Arévalo y diputado Samuel Pérez.
Samuel Pérez: El MP tendría que presentar pruebas suficientes y no es el imputado el que tiene que demostrar su inocencia y es lo que no ha hecho en todo este tiempo; van dos años en que no ha logrado demostrarlo. Una aceptación de cargos tampoco implica culpabilidad para otras personas. Es un derecho de la persona implicada y es justificable.
El congresista añade: Yo sigo sin tener acceso al expediente después dos años; tampoco sustentan la suspensión del partido con nuevos hechos y pruebas. Todo es inventado.
Siomara Sosa, ex subjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el exilio, fue encarcelada luego que no aceptó las presiones de Consuelo Porras, quien mandó pedirle que mintiera en un caso contra su jefe Juan Francisco Sandoval. Ella interpreta así la aceptación de cargos de Hernández: se utiliza para hacer creer que ellos tienen la razón.
Sosa no descarta que activarán los antejuicios contra el mandatario Arévalo y el diputado Pérez: puede ser una presión política, que el MP afirme que ella aceptó dinero sin haberlo registrado; eso puede ser utilizado para reforzar la solicitud de antejuicio contra los dos.
Los diputados de SEMILLA creen que hay un cambio en el sistema de justicia. Pérez: la Corte Suprema y Cámara de Amparo sí le concedió el amparo a Ligia, previo a que ella aceptara cargos, lo cual no lo hubiéramos esperado en el pasado, lo que nos dice que no está subordinada al MP.
Aunque la exjefa de FECI es escéptica: las Cortes de Apelaciones que quedaron, están muy mal conformadas y para mí es un ambiente que favorece al MP.
En 2016 y 2017, previo a la ley de aceptación de cargos algunos exfuncionarios y diputados fueron condenados mediante procedimiento abreviado. La condena incluyó inhabilitación para ejercer cargos públicos: Édgar Barquín, expresidente del Banco de Guatemala, condenado por tráfico de influencias en un caso de lavado de dinero, fue inhabilitado de la función pública por 5 años. El exdiputado Mario Yanes, sentenciado en 2017, por tráfico de influencias en el Ministerio de Desarrollo Social tuvo prohibición por 3 años.
Hoy la #LibertadParaLigia es una realidad.
¡Gracias por luchar incansablemente junto a nosotr@s! 💪🏽
– #EquipoLH pic.twitter.com/f9FYleulf9
— Ligia Hernández Gómez (@LigiaIHernandez) November 12, 2024