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El cirujano Kevin Malouf y la anestesióloga Lydia Moreira deberán enfrentar juicio por el homicidio de Floridalma Roque, a quien, luego de su muerte en plena cirugía estética, Malouf cortó en pedazos para desaparecer su cuerpo y enterrarlo en una finca en Escuintla.
El médico confesó su crimen, además aceptó que mintió a los familiares de la víctima cuando estos empezaron a buscarla.
La enfermera Susana Rojas enfrentará cargos por homicidio en grado de complicidad. La Corte de Constitucionalidad (CC) salió al paso de un proceso que indignó a la sociedad después de que el juez Pedro Laynez benefició a los acusados con condenas de 2 y 3 años de prisión conmutables.
La clave para reducir la responsabilidad fue juzgar al cirujano por un homicidio sin intención, además del procedimiento de aceptación de cargos.
Nydia Arévalo de Corzantes, exdirectora del Instituto de la Defensa Pública Penal:
“El derecho no es otra cosa más que sentido común. Sentido común recogido en normas aplicadas para todos. No sé si recuerda aquellas dos personas que robaron pacayas a una reserva y fueron procesados y estuvieron presos ¡y eran pacayas! Ahí es donde uno ve la diferencia. Desde que usted toma una sierra, la corta, la entierra lejos… hubo planificación y otros elementos de desprecio a la víctima.
El homicidio está excluido de la ley de aceptación de cargos, por lo tanto, juzgar a Malouf por homicidio culposo, le permitió acogerse a dicha norma. El homicidio no solo está excluido del procedimiento, sino contempla penas desde los 15 hasta 40 años.
Molouf cortó el cuerpo de Floridalma Roque con una sierra y desapareció su cuerpo.
Impunidad
El caso Malouf reveló vacíos en la norma aprobada en 2019 y promovida por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público bajo la gestión de la fiscal general Thelma Aldana.
- La aceptación de cargos puede ser negada por juez solo cuando el imputado esté forzado para admitir culpabilidad o cuando no entienda el procedimiento.
- Es un derecho de los procesados acogerse a esta figura para rebajar su condena, con excepción de 20 delitos: entre estos el femicidio y homicidio.
- Ni el juez ni el MP pueden oponerse.
Christian Ulate, abogado y exmandatario judicial de la CICIG: esta ley, en este caso, se prestó para la impunidad. Uno puede decir que el juez se debió oponer, pero si es que por ley, no podía. Si no, hubiera cometido prevaricato.
Empresarios y políticos enjuiciados en el Caso Construcción y Corrupción, entre otros, se acogieron a este procedimiento. Ulate señala que el espíritu de la norma fue el arrepentimiento de quienes cometieron delitos; también recuerda las modificaciones de la propuesta original. Ahora ve necesario revisarla:
Prácticamente lo convirtieron en un derecho del imputado de aceptar los cargos y nadie se puede oponer. Lo mismo que pasa con la colaboración eficaz y juicios abreviados: ahí el MP se puede oponer, aunque se cumpla con los requisitos de la ley y esta debería ser la reforma.
Kevin Malouf: cirujano con historial de seis denuncias en el MP; los casos más graves sin resolver
La ley de Aceptación de Cargos beneficia al sindicado con la reducción de penas en la mitad, tercera y quinta parte según la fase procesal cuando acepte su culpabilidad. No debe colaborar con las investigaciones hacia otros, pero debe devolver o entregar el fruto de los delitos aceptados y reparar a víctimas o afectados.