El 27 de julio del 2020, Diana Osorio, de 36 años, recibió una llamada alarmante. Mientras la exoficial de Fiscalía se trasladaba de su casa en Ipala, Chiquimula, hacia su trabajo en el Ministerio Público (MP) en la capital, le avisaron que en FaceBook la acusaban de abusar y negociar con la justicia.

La página “Ipala Online” se había creado apenas horas antes. Y, de hecho, ahora parece creada para la ocasión: nació ese día, hizo 6 publicaciones contra Osorio, y desde el 29 de julio no publica más. ConCriterio contactó al administrador vía el sistema de mensajería de Facebook, pero no hubo respuesta. 

La exoficial de fiscalía había llegado a Ipala a visitar a su familia, pero un día después de su llegada, autoridades municipales intentaron obligarla a guardar cuarentena, a pesar de mostrar prueba negativa de Covid-19. Días después Ipala Online publicó un vídeo del alcalde de Ipala, Esduin Jerson Javier, alias “Tres Kiebres”, quien declara: 

““(…)Es bien difícil que personas que crean que porque tienen un cargo en el Ministerio Público pueden venir a obligar a los ipaltecos. Si ella quiere que se vaya para San Luis o para la capital, pero en Ipala nos estamos cuidando.”

El vídeo registra personas con carteles, entre estos uno dice: “Cuarentena para Dina Osorio, No covid-19 #yocuidoamipueblo”. El alcalde Javier fue agresivo durante la cuarentena para frenar el coronavirus. Cuatro meses antes del incidente con la exoficial de fiscalía, el jefe edil ordenó soldar las puertas de una familia que se negó al aislamiento tras regresar de Nueva York, Estados Unidos en marzo 2020.

El panorama de Osorio no mejoró una vez alejada de Chiquimula. En el MP la esperaba una denuncia por abuso de autoridad: 

 “Nadie presentó una denuncia en la fiscalía de Ipala, la denuncia la presentan de forma anónima por pobladores de Ipala y la presentan en la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía Metropolitana.”

Osorio asegura que las publicaciones, protesta y denuncia fueron dirigidas por Javier, a quien denunció el 3 de agosto del 2020. El alcalde rechaza el señalamiento: 

 “Yo nunca la quise poner en cuarentena a ella. Es más, yo nunca tuve contacto con ella. Para decirle que ni sabía quién era. Sí se quién es, pero ella está mal. Los que manejaron eso fue el Centro de Salud, no nosotros como municipalidad.”

ConCriterio contactó al Centro de Salud de Ipala. María Magdalena Solorzano, auxiliar de enfermería, atendió la llamada, y aseguró que no impusieron cuarentena obligatoria a nadie, sino más bien estas fueron coordinadas por la municipalidad.  

Un mes después de la denuncia y Osorio fue trasladada a la Fiscalía de Tiquisate, Escuintla: 

“Yo no había solicitado ningún traslado porque estaba estudiando mi último año de universidad” 

En octubre, Osorio presentó un amparo contra el traslado, el cual fue admitido en diciembre del 2020. Sin embargo,antes de ser resuelto el recurso, el 15 marzo del 2021, el MP la despidió. 

ConCriterio solicitó el expediente de Osorio en el MP: las actas de su traslado y despido, firmadas por la Fiscal General y el secretario general del MP, no especifican las razones. ConCriterio solicitó vía acceso a la información pública y mediante una entrevista esa respuesta, pero ni la información ni la entrevista fueron concedidas. La exoficial de fiscalía no posee sanciones disciplinarias y, de hecho, en la evaluación de desempeño en el 2020 obtuvo 96.7 puntos de 100. La denuncia en su contra ya fue desestimada. 

“Me atemoriza que ahora que estoy fuera de la institución pueda ocurrirme algún hecho delictivo. Mi denuncia en contra del alcalde está en la Fiscalía de Delitos Administrativos, yo llamé para ver cómo iba y el estado sigue igual: pendiente de análisis para ver si solicitan el antejuicio. Me siento asustada, decepcionada, triste”

En abril del 2021, Osorio interpuso una demanda laboral de reinstalación ante los juzgados de Trabajo. 

En marzo del 2021, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad presentó una solicitud de antejuicio, a raíz de una denuncia de Estados Unidos en contra de Javier bajo sospecha de cometer asesinato, lavado de dinero y tráfico de drogas. En 2015, el excomisionado de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mencionó a Javier como un caso de relación entre políticos, el crimen organizado y empresas constructoras.