Se va el 2022 y solo queda reflexionar, pero cada quién analiza los momentos de su espacio: los hechos y los personajes se miden desde distintas ópticas.
Luis Mack, analista político:
Ha sido un año complicado en cuanto a perspectiva políticas, en cuanto a democracias y posibilidades de futuro; sin ser un año del todo malo ha sido bastante complejo.
Hay hechos que quedaron marcados en el calendario y destacaron.
Enero demostró que los tiempos de la justicia no son perfectos, o quizá para algunos sí: tras 450 días prófugo, José Luis Benito, exministro de comunicaciones requerido bajo sospecha de lavado de dinero por los Q122 millones en efectivo hallados en maletas en una casa de La Antigua Guatemala, y por el caso de corrupción en el Libramiento de Chimaltenango, se entregó a la justicia.
¿Por qué esperar tanto tiempo para entregarse? Porque son cuestiones políticas y teníamos que prepararnos tanto emocionalmente y legalmente para enfrentar el proceso.
Febrero: se inició la persecución penal contra las operadoras de justicia Leily Santizo, exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Siomara Sosa, exfuncionaria de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y Virginia Laparra, exjefa de FECI de Quetzaltenango. Sus aprensiones se ejecutaron a la sombra de la Fundación Contra el Terrorismo.
Virginia Laparrar condenada a 4 años por denunciar a un juez.
Aunque 1 delito fueron descargados, un juicio continúa por colusión continúa contra Santizo y Sosa; mientras que tras 10 meses de detención, Laparra recibió condena de 4 años, por abuso de autoridad de forma continuada por denunciar que el exjuez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, filtró información de un caso bajo reserva.
“No importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mi hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta”.
El medio salvadoreño El Faro reveló, en febrero, la existencia de un testimonio bajo la custodia de Erika Aifán, exjueza de Mayor Riesgo D. Según el testigo el presidente Alejandro Giammattei, aceptó un soborno de empresas constructoras en 2019 con el entonces ministro José Luis Benito por 2.6 millones de dólares para financiar su campaña electoral. ConCriterio reveló que el testigo A fue Jorge Baldizón, hijo de Manuel Badizon. En una entrevista con Noti7, dijo:
“Sí el testigo A soy yo y en este momento lo ratifico”.
Marzo presentó más efectos de la persecución judicial y Erika Aifán, jueza de mayor riesgo presentó su renuncia por presiones, algunos casos en su judicatura:
- La declaración del testigo A
- Construcción y corrupción
- Odebrecht
- Comisiones Paralelas
Édgar Ortiz, abogado y director del área jurídica de la Fundación Para el Desarrollo de Guatemala:
En términos políticos y de democracia, hay mala noticias. Hay falta de capacidad institucional, nos deja ver que los problemas políticos son mucho más profundos, no es una cuestión de buenas o malas personas, sino que hay un aparato Estatal que no funciona y lo más triste es que quizá las elecciones no sean relevantes para cambiar las circunstancias.
Abril destacó por la elección de una fiscal general a la carta. Consuelo Porras, logró su reelección pese a que recibió 13 tachas por señalamientos como el plagio de sus tesis y la inclusión en la lista actores corruptos de EE.UU. Hubo 7 comisionados fueron obligados a votar por ella mediante un amparo emitido por la máxima corte.
Mayo: un gobierno poco transparente. La Contraloría General de Cuentas (CGC), expuso en su informe que las autoridades vetaron a los auditores contrato ruso por Q614 millones.
Hundimiento de Villa Nueva, kilómetro 15.
Junio dejó al descubierto la negligencia municipal de Villa Nueva: se produjo hundimiento en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, por el colapso de colectores: dos meses de suplicio para los vecinos e inversiones opacas. Así concluyeron agitados primeros seis meses del año.