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El gobierno del expresidente Alejandro Giammattei, procuró capitalizar el Programa del Adulto Mayor (PAM), que otorga fondos a ancianos de bajos recursos para su sobrevivencia, con fines electorales de los diputados de VAMOS, su partido político. Lo hizo crecer de tal forma en el periodo electoral que llegó a dejarlo desfinanciado. El programa requiere hoy Q126.3 millones para cumplir con el pago a todas las personas a quienes Giammatei hizo incluir en los días previos a las elecciones de junio de 2023. El déficit pone en aprietos a la actual administración que deberá cumplir con la entrega de aportes y no logra cubrir noviembre y diciembre de este año. La pensión que entrega cada mes el gobierno a 208 mil beneficiarios es de Q500 y para 2024 cuenta con Q1.1 millardos de presupuesto, pero los recursos no son suficientes señalan Dorotea Gómez, directora del PAM:
Lo que pasó fue que el año pasado de junio a diciembre hubo una ampliación al número de beneficiarios y eso debió quedar garantizado en el presupuesto para 2024, pero no fue así.
Las fechas en las que el gobierno de Giammattei amplió el gasto proyectado de este programa coinciden con el periodo electoral. Y corresponden a los Q126 millones que ahora no se tienen para cubrir a todos los beneficiarios. En aquellas fechas que el exmandatario recorría el país en tiempos de campaña incluso dijo:
“Yo soy adulto mayor dicen -aunque no aparento- estoy a un mes de cumplir 66 años y ya me ingresaron en el Programa del Adulto Mayor”. De algo podemos estar seguros: Giammattei no vive con Q500 al mes, pues su plaza en el Parlamento Centroamericano le asegura cada mes Q35 mil.
“Envejecer en Guatemala es lo peor que le puede pasar a una persona”
La última encuesta de población del Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que los adultos mayores -personas por arriba de los 60 años- representan el 5.6% de la población, 88.55% de los ancianos del país no están adscritos a ningún tipo de pensión. El Programa del Adulto Mayor entrega aportes a aquellos que viven en pobreza extrema, pero ¿para qué alcanzan 500 al mes? Siomara Tribouillier , gerontóloga dedicada a estudiar diversos aspectos de la vejez, señala que esta pensión puede cubrir un medicamento que necesiten. Ella conoció de un caso esta semana en el que una anciana de 72 años adeuda Q1 mil por dos meses de renta en la zona 18.
Hilda Morales, exprocuradora adjunta de la PDH y exviceministra de Trabajo, apuesta por pensiones dignas:
Yo creo que tienen que incluir en el presupuesto una partida que por lo menos llegue al salario mínimo, con fuentes de financiamiento.
Y la gerontóloga añade: Se necesita un Instituto o un ente especializado para atender a las personas mayores de manera integral.
El abandono y la precariedad es generalizado. La participación de los adultos mayores en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), es de 3.5%, acá también muchas de las pensiones son igual de limitadas, para este grupo social.
Miguel Menchú, es un cotizante de IGSS, de 88 años, recibe Q800 cada mes; Además, percibe un aporte similar del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en donde estuvo empleado. De acuerdo con él, si solo recibiera una pensión apenas le alcanzaría para pagar el alquiler de un cuarto. No para comer: O pagaría un apartamento barato o pagaría la comida, las dos cosas no podría.
Pero a diferencia de los beneficiarios del Programa del Adulto Mayor, don Miguel tiene un beneficio más: Afortunadamente a mí las medicinas me las da el IGSS.
El Programa del Adulto Mayor fue promovido inicialmente por Manuel Baldizón y se convirtió durante la gestión de Alejandro Giammattei en un instrumento político, entre 2022 y 2023 tuvo un incremento en beneficiarios de 45%. Los departamentos con mayor crecimiento fueron: Alta Verapaz, Suchitepéquez, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, San Marcos, Guatemala y Quetzaltenango; en este último hubo denuncias del uso de sus fondos para la campaña política. Ahí, VAMOS logró el 10% de las alcaldías y dos diputaciones entres ellas la de Duay Martínez, diputado al que se señala de orientar los fondos de los adultos con fines electorales.