El presidente Bernardo Arévalo parece desconectado de la crisis que atraviesa el país, sus reacciones a los embates que sufre la institucionalidad se limitan a escuetos mensajes en redes sociales y eso desmotiva a los grupos sociales quienes esperan contundencia.

Los pueblos indígenas fueron en 2023 los grandes defensores de las eleeciones durante 105 días. Hoy emiten críticas al gobierno y siguen creyendo que el Ministerio Público (MP), bajo la dirección de Consuelo Porras, actúa como opositor político. Simeón Palax, alcalde indígena de Sololá:

La otra semana tenemos una reunión extraordinaria donde vamos a abordar el tema, porque no solo a un funcionario está atacando, sino en contra de varios. A nivel nacional, las representaciones indígenas nos reuniremos y se buscarán los lineamientos a seguir a partir del 03 de enero contra el MP.  Mucha gente cree que solo salimos por un tiempo, pero no. Somos vigilantes de todo lo que está ocurriendo.

Palax asegura que la organización sigue vigente: somos los defensores de la democracia y hago el llamado a todas las etnias para que nos unamos a partir de enero para tomar acciones drásticas; ya tomamos acciones, ya hubo diálogo.

Llegar al punto que plantea Palax se ve difuso para los más jóvenes. Ximena Aguilar, de 24 años, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Rafael Landívar y coordinadora del programa de incidencia política de su facultad:   no tenemos garantías, falta esa contundencia de desobedecer órdenes judiciales. ¿Cómo sabemos que si se gira una orden de captura a quienes salgan a manifestar, no se van a acatar?

Los jóvenes representaron el 28% de apoyo hacia Arévalo en las urnas (18 -29 años) y creen que:  “no hay un liderazgo claro desde quienes se ven directamente afectados; es cierto que esta crisis de ingobernabilidad nos afecta a todo el país, pero eso la gente no lo entiende y no tiene por qué entenderlo, porque no tienen las herramientas y es un país empobrecido”.

La semana pasada el juez Fredy Orellana canceló al partido SEMILLA a pedido del Ministerio Público y con la venia de la Corte de Constitucionalidad (CC). El Tribunal Supremo Electoral (TSE) es la única institución que se opone. Esta semana Consuelo Porras logró que Marco Livio Díaz dejara, bajo amenazas de encarcelamiento, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a raiz de develar el llamado caso B410, investigaciones que apuntan hacia corrupción de gran calado durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez.

“Yo veo secretarios generales y expresidenciables cómodos; más (bien) los veo contentos con lo que está pasando. El mal político considera que la destrucción del país o del gobierno va a ser la oportunidad para que ellos en las próximas elecciones tengan oportunidades, pero yo hago un llamado para que despertemos y nos pronunciamos”, dice Amílcar Rivera, excandidato presidencial de VICTORIA. 

 Arévalo aventajó sigilosamente a sus 21 contendientes en las elecciones de 2023 y aquello enfadó al sistema. Rivera,, quien hace unos días anunció la expulsión de dos de sus diputados por votar por el incremento al salario, cree que es hora de que Arévalo actúe:

Él debe convocar a un gran pacto nacional y que entre todos los sectores de interés se pueda encontrar un punto de equilibrio porque llevamos año y medio en esta crisis y se está empeorando. Yo no estoy de acuerdo en cosas que hace el MP y tampoco en algunas que hace el Gobierno, pero lo más importante es encontrar una luz.

Los jóvenes tienen reproche: no se supo aprovechar en su momento el apoyo y ahora va a ser complicado que la ciudadanía, tanto quienes están organizados, como quienes no lo están, defiendan una causa que ya no se siente propia y es resultado de cerrarse a la crítica y participación. Y se les ha dicho: se perciben ajenos y lejanos; incluso la forma de comunicarse del Presidente, es como que siempre estuviera en reunión con en el Gabinete, no se siente como que le estuviera hablando a la población.