Hay una plataforma en la que el presidente Alejandro Giammttei y los alcaldes aprovechan para mejorar su imagen: es el Programa del Aporte Económico al Adulto Mayor, para el cual el Congreso autorizó un incremento a su presupuesto y pasó de Q550 millones a Q820 millones anuales. El mandatario anda de gira departamental y ofrece junto con los alcaldes, inscribir a unos 30 mil ancianos al programa y beneficiarlos con Q500 mensuales.
En sus visitas, los alcaldes juegan un papel: pregonar bondades del gobernante, como lo hizo Edvin Galván, alcalde de La Unión, Zacapa, el pasado 4 de febrero:
“…Ancianitos que después de tanto tiempo de espera salieron beneficiados gracias al mejor presidente de la historia de Guatemala”.
Y el presidente hace lo suyo:
“Yo soy adulto mayor dicen -aunque no aparento- estoy a un mes del cumplir 66 años y ya me ingresaron en el Programa del Adulto Mayor”.
Y recurre:
“Levanten la mano ¿quiénes quieren recibir este aporte todos los años? (aplauden) ¡qué bueno que quieran por muchos años!”
La selección de los beneficiados es cuestionada. ¿A quiénes aplica? Geovanna Salazar, viceministra de Trabajo y Previsión Social, a cargo del programa:
El beneficio a partir de febrero será de Q500 por la aprobación de la nueva ley y lo pueden obtener los mayores de 65 años en extrema pobreza, no cualquiera de 65 años puede ser beneficiario.
Las personas que fueron beneficiadas por Giammattei, durante su gira de La Unión, Zacapa, no aparentaban precariedad. La viceministra responde:
“Extrema pobreza en términos generales es aquella persona que no tiene para subsistir con sus alimentos y el ministerio de Trabajo, a través de las trabajadoras sociales, determinan mediante los estudios socioeconómicos”.
Hasta diciembre de 2021 la institución solo contaba con 7 trabajadoras sociales para cubrir el país y acá surge la duda de la politización de este beneficio, señala Teresa Maldonado, defensora de las Personas Adultas de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos:
Para realizar esos estudios socioeconómicos, ellos en muchos casos se apoyan en las municipalidades, entonces ahí habría que ver la discrecionalidad que ha habido para que sea inclusivo, equitativo. Y definitivamente el programa no tendría que estar orientado a cuestiones políticas.
La funcionaria de la PDH cree además que hay una acción que podría considerarse como acarreo de personas:
Si una persona mayor quiere ingresar al programa, muchas municipalidades los trasladan en buses para que vengan a entregar sus solicitudes, esos si bien puede ser un apoyo, no es bien visto. El ministerio de Trabajo debería permitir que en las delegaciones se puedan presentar estas solicitudes y no viajar a la ciudad capital. – ¿Hay mucha intervención de los alcaldes en el proceso? Sí y eso genera dudas.
El programa renueva su padrón con casi 15 mil personas anuales, si se toma en cuenta que cada mes mueren unos 1 mil 300 ancianos. El mes pasado, de acuerdo con la viceministra, murió una cantidad similar. Hoy el programa cuenta con 110 mil 595 mil beneficiarios. A partir del inicio de la pandemia, se suspendió la obligación de presentar la constancia de supervivencia, ¿cómo aseguran que no cobre quién ya murió? Salazar, explica:
Todos los meses mandamos la nómina al Registro Nacional de las Personas (RENAP) para que nos puedan decir quienes han sido reportados fallecidos y ya no deberían recibir el aporte.
Las recientes reformas eliminaron la legalización del Documento Personal de Identificación (DPI) y la declaración jurada. El programa, desde su creación, fue cuestionado al ser promovido por Manuel Baldizón, excandidato presidencial condenado por lavado de dinero en EE.UU.
Atilio Bonilla, coordinador del hogar Asilo San José de las Damas Franciscanas, en Villa Nueva, cree que los Q500 son insuficientes y recuerda que el descontinuado programa Mis Años Dorados, implementado durante la administración Patriota, tuvo mejores resultados: se les daba terapia ocupacional, alimentación balanceada y medicina.
La funcionaria de la PDH señala que el programa nació inoperante y débil y por lo tanto puede prestarse para fines políticos.