Escucha la nota aquí:
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) rechazó la solicitud de Cementos Progreso para ampliar las instalaciones de la planta San Gabriel, en San Juan Sacatepéquez, a 39 kilómetros de la capital. La compañía propone duplicar sus operaciones con una nueva línea de producción que implica remover 2.6 millones de metros cúbicos de tierra.
El argumento del MARN es que Cementos Progreso pretendió la autorización de la fase nueva con el mismo instrumento ambiental de la primera planta.
Cristian Ixquiac, director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales del MARN:
Habían tenido una previa actualización en donde se les había aprobado solo tener una línea y se les había definido compromisos ambientales de la fase operativa; no es procedente porque todos los compromisos están en una fase de operación que genera nuevas actividades y tendrán un nuevo impacto que no está cuantificado.
El proyecto San Gabriel produce 6 mil 075 toneladas de cemento por día y duplicar la producción, según Ixquiac, significa: Requerir más agua de la que se indicó, talar más árboles o excavar más metros cúbicos de tierra. Tendría que presentar un instrumento ambiental totalmente nuevo que vaya enfocado a cubrir todas las nuevas actividades.
Cementos Progreso respondió a ConCriterio vía chat que: “Las propuestas en evaluación no requieren terreno adicional, se desarrollarían en nuestras áreas existentes. El valor y capacidad de ampliación aún están en proceso de análisis”. La compañía agrega: “Toda la región tiene rezagos importantes en índices de desarrollo humano y cerrar estas brechas requiere una visión compartida entre gobiernos, empresas y sociedad civil”.
La primera fase de la planta empezó a construirse en 2008, con operaciones en 2018 y con permiso concedido para 25 años. Su costo asciende a Q3.8 millardos.
Doce comunidades se opusieron.
Desde sus inicios la planta enfrentó la oposición de 12 comunidades y en 2014 un grupo armado ingresó a la comunidad Los Pajoques y dejó 8 muertos, heridos y viviendas quemadas. Las autoridades capturaron a los opositores. En 2019 un tribunal condenó a 6 opositores a la cementera como responsables de matar a integrantes de las familias señaladas de vender propiedades para el proyecto del Anillo Regional y apoyar a la cementera.
Una mujer de la localidad, quien declinó identificarse, recuerda: «Estuvo preso Abelardo Curup, una autoridad ancestral, lo condenaron a 150 años de cárcel y estuvo preso 12, porque tuvo una enfermedad crónica y regresó a la comunidad muerto en una caja. Hemos vivido criminalización y persecución”.
Los pobladores se oponen a la cementera, pero cambiaron el paradigma: nos dimos cuenta de que las leyes no están del lado del pueblo; es pelear contra un gran monstruo. La resistencia es cómo contribuimos a que nuestra madre tierra recupere su esencia. Evitan el uso de pesticidas, reforestan y cuidan el agua.
Eso no significa que hayan llegado a consenso con la cementera: Porque sería no honrar la memoria de quienes fallecieron.
Planta de cemento San Gabriel.
La municipalidad de San Juan Sacatepéquez sí llegó a un acuerdo. Juan Carlos Pellecer, jefe edil, asegura que aumentó las regalías de Q86 mil a Q5 millones al año.
Los presioné: “ustedes están alterando el ecosistema del municipio y no estamos recibiendo beneficios”. Y luego de dos años les ganamos unos amparos y logramos 2 convenios: 1 saco por cada 1 mil que ellos produzcan (entre 5 mil y 7 mil trimestrales).
El alcalde asegura que hay impacto: hay un área que se está secando, que es donde explotan la piedra, los pozos se les secaron, quizá fue de forma natural, pero ellos (comunitarios) le echan la culpa a la cementera.
Por Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI) la cementera paga al municipio Q2.5 millones anuales.