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Es mayo de este año y Juan Fernando López, alcalde de Quetzaltenango, posa y sonríe para una fotografía mientras entrega una medalla al magistrado Teódulo Cifuentes Maldonado en el marco de los 500 años de la fundación de la ciudad altense. Ese magistrado preside la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Civil que canceló a cuatro integrantes de la oposición que integran el Concejo Municipal y que fueron electos por comité Sacándole Brillo a Xela. Ya los concejales de SBX habían sido apartados de las sesiones, a raíz de otra orden judicial por la cual cumplen 30 días apartados.
Marco Chávez, una de los concejales afectados: “Lo decepcionante es que la Sala Cuarta se haya prestado. Aunque no es extraño, porque sí hay una relación muy cercana del alcalde con el magistrado Teódulo Cifuentes Maldonado”.
La guerra contra los concejales empezó en febrero cuando fueron denunciados por el oficialismo al transmitir las sesiones en sus redes sociales; dos integrantes usaron la ley de Femicidio para acusarlos, pero la justicia los amparó. Ahora, una denuncia presentada el 21 de junio fue resuelta de forma exprés y prohibió a la comuna convocar a SBX en el concejo, bajo un argumento inusual y que apunta a que los concejales incurrieron en campaña anticipada y al transgredir la norma, no debieron ser electos.
“La denuncia es por fraude de ley, se nos acusa de haber infringido el artículo 45 del Código Municipal, algo totalmente fuera de tiempo. Ya no existía el tiempo de impugnaciones porque ya pasaron las elecciones; además, esto no fue denunciado ante la autoridad competente, que es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), sino que el alcalde y sus concejales recurrieron a la Sala Cuarta. Han anulado la posibilidad de que exista democracia en Quetzaltenango ”.
Concejales SBX.
La denuncia fue presentada por dos concejales del partido Humanista (oficial) y del UNIONISTA. Este reportero llamó al alcalde pero no respondió, también intentó comunicación con el magistrado, pero no se le ubicó.
Alejandro Rodríguez, abogado y exsecretario del Ministerio Público: Se ve la manipulación del sistema de justicia: primero, hay presupuestos para que proceda el amparo y es la temporalidad, quiere decir que se tienen 30 días a partir del hecho generador y si se trata de campaña anticipada, eso sucedió hace más de un año. Aparte de que es notoriamente improcedente, por la extemporaneidad, es más preocupante que un magistrado tenga vínculos de amistad con los interponentes y no se abstenga de conocer. Esto es una grave violación a la ley del Organismo Judicial y genera nulidad de todo lo actuado; pero además, genera responsabilidad porque hay prevaricato y tráfico de influencias, si existiera esa amistad.
Rodríguez señala que la situación evidencia la cooptación de la justicia es a nivel nacional, en donde grupos de abogados, diputados y jueces se coluden: “Casi que estamos hablando de feudos judiciales”. No obstante, pese a los antecedentes de la exfiscal Virginia Laparrra, denunciada por el entonces juez Lesther Castellanos, encarcelada por otros procesos penales, Rodríguez señala que en Quetzaltenango aún hay cierta independencia judicial. Sucede lo contrario sucede en regiones como Chiquimula o Jutiapa.
Para esta nota ConCriterio consultó con el TSE, pero al cierre no hubo respuesta. Ya sin oposición en el concejo municipal, el alcalde López aprueba temas bajo controversia: como el más reciente, cuando asignaron Q5 millones para la feria de independencia.