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El presidente Bernardo Arévalo, ha convivido durante los primeros seis meses de su administración con una correlación adversa de todos los poderes del Estado. No tiene el respaldo político del Congreso, pese a que la bancada oficial es la tercera fuerza en el Legislativo, su bloque logró acuerdos efímeros y hoy los diputados le han dado la espalda. Le dijeron no a los estados de calamidad, ampliación presupuestaria y ya se negocia una nueva directiva cuya fuerza proviene de los actores que lo han cuestionado.

 El Ministerio Público de Consuelo Porras lidera el esfuerzo por socavar su mandato. Jueces, como Fredy Orellana y la Corte de Constitucionalidad (CC) resuelven de manera que limitan en su acción al Presidente y a partido de gobierno.

La fiscal ha solicitado a la CC, una orden para procesar a Arévalo y ha pedido la destitución de los funcionarios más cercanos al presidente. Todos están contra Arévalo, incluso hay quienes creen que él juega en su contra.  Adrián Zapata, maestro en políticas públicas y doctor en ciencias sociales, considera que la fortaleza de Arévalo, es su debilidad en estos momentos y que podría llevarlo a no tocar tierra firme:

Creo que el Presidente está en una situación muy complicada:  Está en una encrucijada. Él tiene una cultura democrática republicana y esos valores lo obligan a respetar la institucionalidad. Pero el problema es que esa institucionalidad es ilegítima y está cooptada, ¿cómo puede ser fiel a sus valores, cuando eso lo obligaría a reconocer una institucionalidad ilegítima? Esa es la encrucijada. Yo particularmente creo que debería de ser al revés, precisamente por la lealtad a esos valores, el Presidente debería de proteger ese carácter republicano de la democracia y no se debería sentirse obligado a respetar una institucionalidad ilegítima.

Ayer Arévalo acompañado de su gabinete anunció que solicitará antejuicio contra Porras por violación a la Constitución y abuso de poder, dijo que es la principal cómplice de quienes se niegan a los cambios: “nosotros haremos lo que nos corresponda en el marco de la ley, para que ella abandone el cargo en la medida en que se ha convertido en un obstáculo para la justicia.

Zapata apunta a que Arévalo debe destituir a Consuelo Porras: en la conducta del Presidente debería de prevalecer su lealtad a la Constitución y no de una norma jurídica ordinaria, por lo tanto, no debe respetar el artículo 15 de la ley del Ministerio Público. Se refiere al artículo 14 de la ley del MP, que establece que el gobernante solo puede remover a la Fiscal General, cuando este sea condenado por algún delito.

La población resiente los embates hacia el gobierno, pero también la pasividad de Arévalo. Organizaciones como los 48 Cantones de Totonicapán, que durante 100 días lucharon por la democracia, se desmarcan y cuestionan el estancamiento.

Durante tres semanas de julio, lo temas de gobernanza alusivos al Ejecutivo y Congreso tuvieron un repunte de 37% de discusión en redes sociales, de acuerdo con una medición de DOSES, empresa de investigación y monitoreo de medios. La organización señala que “Acusaciones por la incompetencia e ineptitud del Estado después de 6 meses de gobierno. Las malas condiciones de la infraestructura vial, y la necesidad de un liderazgo sólido y rendición de cuentas en el Gobierno” fueron los temas de mayor interacción”.

Alfonso Cabrera, ministro de Relaciones Exteriores en la administración de Vinicio Cerezo, cree que si Arévalo, no toma acciones firmes su fin en la Presidencia podría acelerarse.  “Imagínese que tristeza para la gente que peleó en las calles por 100 días, para que él no tenga los pantalones para hacerle frente a la señora, no se vale”.  Y, Zapata añade:  Por no ahogarse en esa institucionalidad adversa, lo va a llevar a estar nadando para sobrevivir, pero no ejercerá el poder político que la ciudadanía le ha dado. La lucha por la sobrevivencia lo podría llevar a no tocar tierra firme.

El excanciller Cabrera, cree que hay fundamento y es viable llevar a consulta del pueblo la permanencia de la Porras y la CC: Además, ya se usó, en 1994 para la reforma constitucional, cuando se firmó los Acuerdos de Paz, se ha usado para cuestiones fundamentales. El artículo 173 dice “para todas aquellas cuestiones políticas de trascendencia nacional.  Si usted tiene la casa sucia no basta con que barra la cocina, si vamos a barrer la casa, vamos a barrerla bien y si les da miedo, que alguien más se haga cargo de la escoba”.

En conferencia de prensa Arévalo, fue enfático en afirmar que no cederá y hará respetar su mandato.