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No es extraño que en operativos contra pandillas, fiscales y policías encuentren armas de alta potencia en manos de jóvenes organizados en clicas criminales. ¿Recuerda Usted cómo explotó un camión repartidor de agua purificada en la zona 18 hace dos años? Usaron una granada para atacarlo. La pregunta inmediata fue ¿cómo pueden estos veinteañeros acceder a armas de uso exclusivo de fuerzas de seguridad?
Trabajadores de Visegua acusados de proveer armamento a pandilleros
En una pequeña sala de audiencias del Tribunal de Sentencia de Villa Nueva se desarrolla un juicio que puede revelar al menos una manera de cómo se arman los pandilleros.
El proceso es contra tres empleados de la empresa de seguridad privada Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala, S.A. (Visegua). Un patrullero, un custodio y un piloto son acusados de vender armas al Barrio 18 e incluso dotarles de armamento de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, como una subametralladora.
Los guardias Víctor Mateo García, Érick Sermeño Reyes y Santiago Chú Choc, enfrentan juicio por portación ilegal de arma de fuego y portación ilegal de armamento bélico.
Este proceso empezó gracias a una casualidad: investigadores interceptaban llamadas telefónicas entre individuos sospechosos de coordinar extorsiones y así detectaron que el 20 de abril de 2016, los agentes de seguridad privada iban a entregar armas de fuego a integrantes de la pandilla Barrrio 18 en la colonia La Florida, zona 19. Ese día los tres agentes fueron capturados con una subametralladora, una escopeta y dos pistolas 9 y 45 milímetros, además de municiones y un silenciador.
La empresa Visegua salió al paso a aclarar que no eran responsables de las actuaciones de sus agentes. Es más, se convirtieron en en acusadores junto con el MP de sus antiguos empleados.
El pasado viernes, en la fase final del juicio, el sindicado Santiago Chú Choc declaró ante el juez de sentencia que esa no era la primera ocasión que él y sus compañeros hacían una diligencia similar en la cual recogían paquetes como el del día de la captura. En su defensa dijo que su labor era solo custodiar el vehículo donde viajaban, propiedad de Visegua, y argumentó que solo cumplía órdenes de su supervisor Víctor Mateo García, también procesado.
Visegua es una empresa que desde 2005 hasta 2017 se ha beneficiado con contratos con el estado por más de Q46 millones. La compañía fue fundada por militares retirados, oficiales egresados de la Escuela Politécnica. El registro mercantil indica que su representante legal es el Mayor Denis Humberto Paredes Escobar. Y, aunque ya no pertenece a la administración, uno de los hombres más cercanos al presidente Jimmy Morales, fue propietario y fungió como jefe de operaciones de la firma: se trata del antiguo jefe de la Seguridad Presidencial, el coronel Jorge Ignacio López Jiménez.
En entrevista telefónica con Con Criterio, el Mayor Paredes Escobar aclaró que López Jiménez no está más ligado a Visegua. Y explicó, de hecho, que el paso de López Jiménez por Visegua fue efímero.
Aún cuando el propietario y fundador de VISEGU asegura que el antiguo jefe de Seguridad Presidencial, está desligado de la firma, esta aún figura como su nombre comercial.
No es el único proceso que empieza a revelar cómo se arman las pandillas. Hace justo una semana fue capturado Luis Ángel Sierra Arévalo, soldado activo en la Brigada de Infantería de Mariscal Zavala, a quien acusan de distribuir armas al la pandilla del Barrio 18. En esa ocasión la policía incautó dos fusiles, una subametralladora y municiones.
Una investigación en Nuestro Diario reveló recientemente que las empresas privadas de seguridad han reportado en 15 meses, el robo de 9 mil armas de fuego. Nadie sabe en manos de quién está ese armamento.
En tiempo real
A continuación puede escuchar el análisis que el equipo de #ConCriterio realizó alrededor de este tema junto a Patricia Monge, extitular de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación -Digessp- actualmente es consultora externa, Mayda de León, coordinadora del programa de Seguridad Humana de Iepades y el Capitán Rodolfo Muñoz Piloña, Presidente de la Gremial de Compañías de Seguridad Privada, adscrita a la Cámara de Seguridad.