El 18 de septiembre, el 87.98% de los vecinos de Asunción Mita, Jutiapa, que participaron en una consulta municipal, votaron contra la operación a cielo abierto del proyecto minero Cerro Blanco, de la compañía Elevar Resources. El 26 de septiembre la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto la votación y suspendió provisionalmente los artículos 1, 3 y 20 del reglamento de consulta.

En 15 días la alta corte tiene previsto escuchar las partes involucradas para emitir una resolución definitiva: ¿es válida la consulta municipal? La compañía cuestiona el reglamento que sirvió de marco para llevar a cabo la indagación.

Mientras, en la comunidad todo marcha con normalidad asegura Antonio Flores, un profesor jubilado de 68 años y líder religioso de Asunción Mita:

“Estamos en oración, pidiéndole a Dios que todo se resuelva pacíficamente. Ahorita no se escucha nada sobre violencia, simplemente estamos a la expectativa”.

Un día después de la consulta comunitaria, el ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió un comunicado para declarar que “el asunto que se sometió a consideración de los vecinos (…) no es de competencia municipal, sino del gobierno central”.

Aquel 18 de septiembre la pregunta en la papeleta fue:

¿Está usted de acuerdo con la instalación y operación de Proyectos de Minería metálica en cualquiera de sus modalidades y que impacte en los recursos y ambientes naturales en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa?  87% respondió no y el 10% dijo que sí. En total, 8 mil 503 vecinos participaron en la convocatoria.

David Lucero, vecino del lugar y secretario de coordinación de la consulta, dice que, tras el rechazo de los resultados por ciertos sectores, los ánimos sí se elevaron, pero en redes sociales:

Se elevaron las emociones de las personas y atacaron a la empresa Elevar, por no aceptar las respuestas de las personas, pero todo fue en las redes sociales, porque conflictos físicos gracias a Dios, todavía no.

Algunos de los comentarios en la página de Facebook de la compañía.

Santiago Correa, directivo de la compañía, confirmó vía chat que hay serenidad en la comunidad. No hubo más detalles en su respuesta.

La mina suspendió operaciones durante dos meses antes de la consulta y no ha vuelto a reactivar y aunque en este momento hay tranquilidad, hay ciertos grupos que se oponen a la reanudación de actividades en la compañía, asegura Lucero:

En los comentarios de la misma página le han puesto a la empresa que si se atreven a meter un camión o maquinaria no llega a la mina y le prenden fuego.

Su economía se basa en la producción agrícola: maíz, sorgo y frijol negro en forma asociada, además, tomate, cebolla, chile pimiento, cultivables durante todo el año. También se cosechan frutas como: sandia, melón, mango, papaya.

La pobreza representa el 48.1 %. Esa porción no alcanza para cubrir el costo per cápita de la canasta básica. El profesor jubilado, estima un salario mensual promedio: así como está la situación entre 2 mil y 3 mil al mes y viven modestamente.

Según el censo, el indicador de pobreza extrema en el municipio es de 12.4% quienes subsisten con menos de US$1 al día. ConCriterio intentó contactar con trabajadores de la mina cuyas labores fueron suspendidas, pero no fue posible. Los comunitarios estiman que unas 100 personas laboraban para la compañía, así mismo unos 240 becarios en carreras en el Instituto Técnico de Capacitación (INTECAP) patrocinados por la mina, fueron suspendidos, pero organizaciones internacionales a través de las municipalidades asumieron los costos de la carrera hasta diciembre 2023.

Para esta nota, este reportero llamó y escribió al alcalde René Guardado, pero no respondió. La mina, en su página, estima aporte económico de más de US$160 millones por año por la actividad económica y más de US$300 millones por concepto de impuestos y regalías.