Las huellas

Cuando en enero de 2008 Alejos se convirtió en el secretario privado del presidente Álvaro Colom, no se limitó a gestionar la agenda de la Presidencia. Era un hombre de negocios y sus negocios debían continuar.

Desde 1996, Alejos fue ejecutivo de una de las principales distribuidoras de medicamentos del país: Agencias J.I. Cohen y mientras fue funcionario conservó este puesto. Alejos, de hecho, percibió comisiones por las ventas de la farmacéutica al Estado, como muestra una denuncia laboral que presentó el propio ejecutivo contra sus antiguos jefes en 2014.

Los planes de negocio se extendían más allá de las medicinas. Pocos días después de que el empresario asumió su cargo, el 12 de febrero de 2008, fue constituida Ciansa.

Los socios que la fundaron eran un comerciante y un contador desconocidos que situaron la sede de la empresa en una bodega ubicada en la calzada San Juan, en la zona 7 de la capital.

A pesar de su discreción al crear Ciansa, Alejos dejó huellas tras sus pasos: la bodega de la calzada San Juan fue comprada desde 2004 por el propio Alejos, según información del Registro de la Propiedad. Además, en el mismo lugar situó el domicilio de algunas farmacéuticas con vínculos con el empresario.

Alejos pagó sobre el papel Q33,600 por la bodega en la que tuvo su primera sede Ciansa. En la actualidad, la empresa se encuentra en el edificio Europlaza, zona 14.

A comienzos de 2013, fue más evidente que Alejos controlaba la sociedad. Ese año entró en vigor la nueva legislación que prohíbe las acciones al portador. Esto provocó que emergieran los verdaderos dueños la constructora: dos offshore de las Islas Vírgenes Británicas, propietarias a partes iguales de la empresa.

Lashmar Investments es representada por un abogado habitual de Alejos llamado Juan Luis Rodríguez. En el caso Transurbano, en el que también está implicado Alejos, este abogado fue señalado de ser su testaferro.

Estas empresas fuera de plaza fueron compradas a un famoso bufete panameño: Mossack Fonseca. En 2016 millones de documentos de esa firma fueron filtrados a un consorcio internacional de periodistas, el ICIJ.

Con la información recibida, ICIJ construyó una base de datos que evidencia quiénes están detrás de las dos offshore de las Islas Vírgenes Británicas propietarias de Ciansa.

Una de ellas es propiedad de Alejos. Detrás de la otra está Josué Méndez, un antiguo vendedor de medicamentos que ha sido socio o representante de negocios de Alejos desde al menos 2003, según información del Registro Mercantil. Méndez es conocido en el mundo de la construcción y la política como el “Gordito” o el “Gordo” y es quien ha dirigido Ciansa desde su fundación.

Josué Méndez aparece vinculado a nueve sociedades relacionadas con Gustavo Alejos. En su mayoría son constructoras o inmobiliarias.

Este reportero buscó tanto a Alejos como a Méndez durante el reporteo de esta nota. En una breve conversación en la prisión, Alejos explicó que no deseba responder a preguntas, pero negó ser propietario de Ciansa en la actualidad. «No soy accionistas ni sé desde cuándo. Ese Gordo hasta dinero me debe», dijo. Y durante dos semanas se trató de localizar a Mendez en Ciansa, pero personal de la constructora aseguró que no se encontraba en el país, que desconocían su fecha de regreso, además que no tenían forma de contactarlo.

Una fuente que ha participado en las investigaciones judiciales emprendidas contra Alejos señaló que es poco probable que Méndez sea propietario de la mitad de Ciansa. Méndez, según esta fuente, no tiene el perfil de testaferro, pero tampoco tiene el  poder de Alejos. No está claro qué porcentaje de las acciones de Ciansa controla cada uno.

La tormenta

Entre 2010 y 2011 se sucedieron desastres naturales en el país: las tormentas Agatha y 12E, la erupción del volcán Pacaya  y el gran deslave sobre la ruta Interamericana en Tecpán.

Fueron 18 meses bajo Estado de Emergencia, lo cual permitió que todas las obras públicas se adjudicaran sin necesidad de concursos.

En el centro de este reparto discrecional estuvo Alejos. El empresario fungió como un ministro del CIV paralelo, según coincidieron dos constructores que pidieron no ser identificados y que en aquellos meses negociaron contratos con Alejos en su oficina.

El entonces secretario privado de la presidencia repartió, según estos constructores, pero se reservó una parte para sí. La evidencia es que Ciansa, que había sido creada en 2008 y carecía de experiencia, obtuvo bajo Estado de Emergencia, sus primeros contratos públicos: Q257 millones según la contabilidad del Estado.

Aparte, en diciembre de 2010, la constructora recibió la cesión de un contrato de Q124 millones que otra empresa había ganado para pavimentar 33 kilómetros de una ruta en Quiché en 2007.

La transferencia de los negocios entre constructoras fue permitida por el CIV en el pasado, lo cual procuró un mercado de compraventa de contratos públicos, un hecho ilegal que después quedó prohibido.

A la constructora de Alejos esta práctica le sirvió para ganar su primer gran contrato para construir una carretera nueva. Y esta experiencia, ganada sin concurso, le permitió años después optar a licitaciones mayores.

Gracias a este contrato cedido en 2010 a Alejos, Ciansa pudo construir su primera carretera nueva. Esto le abrió las puertas a los grandes contratos en el CIV. Para optar a ellos, se exige haber hecho trabajos similares.

Cuando finalizó el gobierno de Álvaro Colom, en enero de 2012, resultaba evidente que todo había marchado a la perfección para los propietarios de Ciansa. La constructora, primero, utilizó sus fondos para construirle una mansión a Alejos en Premier Campestre por casi US$500 mil, según consta en un contrato de obra suscrito con el estudio de arquitectura Integra.

La casa de Alejos en Premier se contruyó durante 14 meses entre 2011 y 2012.  Ciansa pagó su construcción a plazos durante ese periodo.

Después, Ciansa, a lo largo de 2012, adquirió seis lotes adyacentes a la residencia de Alejos por valor de US$900 mil. Esta compra fue financiada con un préstamo que se devolvió en poco más de un año, como consta en el Registro de la Propiedad. En estos terrenos, según confirmó la fuente que ha participado en investigaciones judiciales contra Alejos, Méndez también se construyó una mansión.

Alejos poseía varios lotes en Premier antes de 2012.  Después compró varios más donde Ciansa construyó una casa para Josué Méndez.

El terremoto

Poco después de asumir sus cargos, en enero de 2016, los funcionarios del CIV de la administración de Jimmy Morales afrontaron una situación inédita.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) lanzaron una ofensiva sin precedentes contra la corrupción. Desde mediados de 2016, las principales constructoras tradicionales y grupos de fortuna más reciente fueron procesados por pagar sobornos o financiar campañas políticas ilegalmente.

Ante esta situación, el entonces ministro Aldo García reaccionó con prudencia. Durante el primer año de su mandato, el CIV apenas adjudicó obras. En el segundo, aumentó el gasto, pero se no se contrató a empresas procesadas por corrupción.

La gestión de García, que concluyó en abril de 2018, estuvo marcada por la permanencia como contratistas de algunas de las principales empresas tradicionales. Entre ellas, destacó la israelí Solel Boneh, que ganó casi todos los principales concursos celebrados por el CIV entre 2016 y 2017: Q1.2 millardos en nuevas adjudicaciones.

En abril del año pasado García renunció y denunció presiones de diputados. Tras él llegó José Luis Benito y con él todo cambió. Apareció en escena un grupo nuevo de empresas hasta ahora poco conocidas. Entre ellas, destaca Ciansa.

La constructora de Alejos, había obtenido dos contratos medianos por casi Q82 millones durante la gestión de García, pero con Benito se convirtió en una de las favoritas: ha ganado Q442 millones en nuevas adjudicaciones. 

Mientras el antiguo vendedor de medicamentos conspira desde la cárcel, su fortuna se ha hecho aún más grande gracias al gobierno de Jimmy Morales.

Los síntomas

Probar que una licitación ha sido amañada no es sencillo, pero expertos y constructores coinciden en que existen algunos indicadores. Pocas ofertas en los concursos es un síntoma: indica que las constructoras perciben que no merece la pena participar porque la decisión será arbitraria.

Otra señal es la aparición de empresas sin los requisitos mínimos paras ganar. Esto hace intuir que el concurso ya tiene un ganador definido y que pequeñas constructoras aparecieron solo para simular competencia.

Un tercer síntoma son ciertos patrones: las ofertas más bajas, por ejemplo, son sistemáticamente descalificadas por defectos de forma. O las empresas ganadoras ofrecen precios casi idénticos al cálculo que la institución fija para la obra.

Durante la gestión del Aldo García, entre 2016 y abril de 2018, se vieron algunas de estas circunstancias. Durante la del ministro Benito ocurrieron todas, según un análisis realizado para este reportaje con información del portal Guatecompras.

La participación fue baja, sobre todo en los contratos más importantes. En los siete concursos valorados en más de Q100 millones que ha adjudicado el actual ministro hasta comienzos de agosto, se presentaron en promedio dos ofertas.

Hasta el momento, el mayor contrato otorgado durante el gobierno de Jimmy Morales para construir una carretera ha sido este. Solo participó una empresa, SCM, propiedad de Alejandro Matheu Escamilla.

También se presentaron compañías que evidentemente eran de relleno. De los siete concursos, en tres participaron constructoras desconocidas, sin experiencia, que carecían de los requisitos  para obtener contratos de esa magnitud; en otros dos, solo un oferente.

 Sin embargo, el hecho más destacado es que durante la gestión de Benito, de manera sistemática, se impidió participar a empresas por defectos formales.

Hasta comienzos de agosto, el actual Ministro había organizado 49 licitaciones valoradas en más de Q20 millones. En 9 solo participó una empresa. De las 40 restantes, en el 65 por ciento de los casos, todas las oferentes, salvo la ganadora, fueron descalificadas del concurso.

Para eliminar ofertas se utilizaron casi siempre argumentos de forma: constructoras fueron excluidas porque “el índice de la propuesta no está firmado y sellado y al folio 66 falta sello” o porque en un acta el notario en vez de escribir su nombre precedido por las palabras “Ante mí” escribió “Por mí y ante mí» o porque “en la fotocopia de una escritura no puede determinarse el número de la misma”. Así ocurrió en decenas de ocasiones.

El CIV licitó en 2018 la construcción de un puente de 100 metros en Jutiapa. Dos de las principales constructoras de puentes participaron: PRECON y MURATORI. Ambas fueron descalificadas. Ganó SCM, que carecía de experiencia en puentes de esa longitud.

Al ser cuestionado por este tipo de casos, el ministro Benito explicó que “si falta una firma en un declaración jurada, no hay declaración jurada. Ese no es defecto subsanable, es que no se presentó el documento. Es algo demasiado serio”.

-Pero ¿no es sospechoso  que todas las ofertas cometan este tipo de errores, salvo una?, se le preguntó.

-Habría que ver caso por caso, respondió.

Las ventajas de ser Ciansa

La constructora de Gustavo Alejos fue una de la más beneficiadas por estas prácticas.  Ganó siete concursos. En tres de ellos, todas las ofertas fueron eliminadas por problemas de forma.

Ocurrió, por ejemplo, en un concurso para reponer 40 kilómetros de la CA2-Occidente, cerca de Tecún Umán, San Marcos. Además de Ciansa, participaron dos de las empresas más grandes del país: Conasa y Solel Boneh y una cuarta, más pequeña, llamada Servicios CGL.  La propuesta de Conasa fue descartada porque en el folio 3 y 4 del expediente faltaba el sello de la empresa junto a la firma del representante legal. La de Solel Boneh se rechazó porque un cuadro tenía borrones. La de Servicios CGL fue descalificada porque un documento presentado había sido emitido hacía más de 30 días.

Ciansa ganó sin competir con una oferta de Q96 millones. Las ofertas de Solel Boneh y Servicios CGL eran, ambas, Q13 millones más baratas.  

En otros tres concursos no se eliminó toda la competencia, pero las empresas que no fueron descalificadas por defectos de forma, no podían ganar. Esto ocurrió en el contrato más cuantioso obtenido por Ciansa hasta la fecha: la construcción de una ruta nueva que conduce al municipio de Chiché, Quiché.  

La única oferente, además de la constructora de Alejos, fue un empresa desconocida llamada Bienes, Edificaciones y Alquileres. Para poder participar en la licitación había que demostrar experiencia en proyectos de reposición de carreteras de asfalto que sumaran por lo menos 56 kilómetros. Bienes, Edificaciones y Alquileres solo tenía experiencia en pequeños contratos de bacheo o mantenimiento de rutas de terracería. Hasta el momento de la licitación nunca había ejecutado un proyecto de más de Q2 millones, como consta en Guatecompras. La empresa presentó una oferta excesivamente alta (Q314 millónes) y perdió frente a Ciansa, que se llevó con facilidad un contrato de Q242 millones.

Esta empresa carecía de la experiencia necesaria en el mantenimiento o reposición de rutas asfaltadas. Nunca podría haber sido adjudicada.

El séptimo contrato que obtuvo la constructora de Alejos es un caso diferente. Esta adjudicación, que consiste en reponer un tramo de 20 kilómetros de la CA-2 Occidente a su paso por Retalhuleu, no fue ganada por Ciansa.

En el concurso, que fue convocado durante la gestión del ministro García, participaron seis constructoras: Ciansa, dos importantes (Conasa y Aspetro) y otras dos más modestas. La adjudicación, sin embargo, ocurrió  en abril de 2018, ya durante la gestión de Benito y cuatro de las ofertas fueron descalificadas por defectos de forma. Aspetro fue eliminada porque su propuesta económica estaba escrita sólo con cifras y no con cifras y letras.

Quedaron solo dos: Conasa y Ciansa. Conasa ganó con facilidad al contar con más experiencia y ofrecer un precio de Q39 millones, casi Q10 millones menos que Ciansa. Pero después de la adjudicación, comenzaron a suceder hechos inusuales. Los miembros de la junta de licitación que declararon ganadora a Conasa fueron citados el 9 de mayo a comparecer ante la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), según reportó elPeriódico. Alejos fue funcionario durante el gobierno de la UNE y está acusado de haber financiado ilegalmente al partido.

Días después, el ministro Benito emitió una resolución en la que canceló la contratación a Conasa, argumentado que en el expediente de la licitación faltaba un documento, la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), que garantiza que existen los fondos para hacer la obra.

Tras una semana, la junta de licitación se reunió de nuevo. Anunciaron que ya tenían la CDP y además anunciaron que se retractaban de la adjudicación a Conasa. Los funcionarios aseguraron que la constructora no podía suscribir contratos con el Estado debido al artículo 80e de la Ley de Compras, que prohíbe a empresas condenadas por corrupción proveer al Estado.

Aldo García estuvo a favor de adjudicar nuevos contratos a empresas condenadas por corrupción. El ministro Benito ha sostenido una dirección opuesta.

Hasta ese momento, la junta no había mencionado ese tema, pese a que los propietarios de Conasa: Alvaro Mayorga y Juan Luis Tejada ya habían sido sentenciados por pagar sobornos en el momento en el que se produjo la adjudicación.

Dado que la única oferta no descalificada era la de Ciansa, la empresa de Alejos ganó el  contrato con un propuesta de Q49 millones, Q10 millones más que la de Conasa.

El ministro Benito aseguró no haber influido en la decisión. La atribuyó a la junta de licitación, que según explicó es totalmente independiente. También aseguró desconocer que la ganadora del contrato es propiedad de Gustavo Alejos. “De quién es, lo desconozco, solo puedo decir que trabaja bien”, aseguró.

La sombra del soborno

El ministro Benito lleva solo un año y medio en el cargo, pero es un hombre orgulloso de su gestión. “Se han mejorado las ofertas, los precios, la capacidad de ejecución y se ha mejorado la red vial. Recibimos la red vial destruida y la hemos rehecho. Con el mismo presupuesto que hace años, hoy se ve obra en el país”, comentó.

Para lograr esto, Benito asegura que fue fundamental desplazar a muchas de las principales contratistas  que dominaron el sector en los últimos años. “Si antes había cuatro o cinco empresas ejecutando todos los contratos grandes, ahora hay 15 o 20. Si alguna vez en la historia ha habido competencia y participación es ahora”, dijo el ministro.

Sin embargo, no está tan claro que esto se vaya a traducir en un sector de la construcción más íntegro. Entre exfuncionarios e investigadores circula una teoría sobre por qué muchas de las empresas que acapararon la contratación en el pasado perdieron terreno.

La ofensiva anticorrupción emprendida por CICIG y el MP aterrorizó a los grandes constructores del país, muchos de los cuales tienen procesos en su contra. Esto, habría afectado su voluntad de seguir pagando sobornos. Y sin comisiones, no hay contratos.

“Han emergido una serie de empresas medianas que sí están dispuestas a pagar”, señaló la fuente que ocupó un cargo en el CIV durante el mandato de Aldo García.  

“Sabemos que ciertas empresas se han negado a pagar y que otras están diciendo que en cinco años serán la próxima Conasa”, dijo la fuente que han participado en las investigaciones judiciales contra Gustavo Alejos.

Existen varias evidencias que apuntan a que Ciansa ya pagó sobornos entre 2012 y 2015, durante la gestión de los ministros Alejandro Sinibaldi y Víctor Corado, ambos imputados en el caso Corrupción y Construcción.

Durante ese periodo la constructora obtuvo solo dos contratos nuevos del CIV, valorados en Q49 millones, pero se le pagaron Q180 millones por proyectos otorgados durante la administración anterior, como consta en la contabilidad del Estado.

Aneliese Herrera, asistente del exministro del Sinibaldi y colaboradora del caso Corrupción y Construcción, mencionó en dos ocasiones a Ciansa en una declaración.

Este testimonio coincide con pruebas encontradas en el correo electrónico de Alejandro Sinibaldi. Entre sus archivos, los fiscales hallaron una hoja de cálculo llamada “Megacuadro2”, en la que Sinibaldi llevaba el control de los proyectos del CIV. Aunque no se ha podido aún esclarecer el sentido de toda la información que contiene, en él se hace referencia a pagos efectuados o recibidos de alguien identificado como “Gordo”.

El seudónimo BRO hace referencia a uno de los hermanos Samayoa Soria, Guillermo y Otto, conocidos en el mundo de la política como “los brodersitos”.

En las pruebas presentadas por MP y CICIG contra el sucesor de Sinibaldi, Víctor Corado (quien fue primero su viceministro) también figuran pruebas de pagos efectuados por Ciansa.

Al allanar las oficinas de Corado, los fiscales encontraron facturas y cheques emitidos por la constructora de Alejos y cobrados por empresas del exfuncionario. En total, Corado facturó Q3.3 millones a Ciansa entre 2013 y 2017, de los que cobró Q1.4 millones.

En sus declaraciones ante los fiscales Corado afirmó que el dinero fue recibido por servicios profesionales de arquitectura prestados por sus empresas.

Cuando el MP allanó las oficinas de Víctor Corado encontraron múltiples facturas y cheques emitidos por Ciansa por servicios supuestamente prestados por el funcionario.

Pese a todas estas evidencias, los propietarios de Ciansa aún no ha sido imputados en el caso Corrupción y Contrucción. La fuente que ha participado en investigaciones judiciales contra Alejos asegura que se propuso desde hace varios meses allanar la constructora para recabar evidencias, pero la solicitud aún no han sido autorizada por el MP.

Mientras, Gustavo Alejos puede seguir en el camino de convertirse uno de los principales constructores de obra pública del país. 

DERECHO DE RESPUESTA

Aclaración de José Luis Benito Ruiz, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.  Septiembre de 2019

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NOTA DE LA REDACCIÓN: Se informa que el ministro es quien nombra a los integrantes de la junta, revisa lo que deciden y tiene poder para contradecirlos. De esa cuenta, ConCriterio no le atribuye incorrectamente la responsabilidad de lo descrito.